El Gobierno de Suiza formalizó el levantamiento del bloqueo preventivo de activos que pesaba sobre Marleny Contreras, esposa del ministro del Interior venezolano Diosdado Cabello, y sobre el diputado del oficialismo Jorge Arreaza.
La resolución, ratificada por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores, se fundamenta en las verificaciones técnicas que determinaron la inexistencia de bienes a nombre de ambos dirigentes en territorio helvético, así como la ausencia de indicios de corrupción que justificaran mantener la medida cautelar sobre sus patrimonios.
La medida cautelar había sido inscrita el 5 de enero en el listado de control financiero suizo, pocos días después de la detención de Nicolás Maduro por parte de fuerzas de seguridad de Estados Unidos. Desde el organismo gubernamental europeo aclararon que este mecanismo no posee carácter de sanción formal ni constituye una imputación penal, sino que opera como un resguardo preventivo diseñado para impedir la eventual extracción de fondos de presunta procedencia ilícita mientras progresan las investigaciones en el ámbito internacional, manteniendo una vigencia proyectada hasta el año 2030.
A pesar del retiro de Contreras y Arreaza de este catálogo preventivo, el Ejecutivo suizo recalibró la nómina total de personas bajo vigilancia, incrementando la cifra de 37 a 41 individuos. Entre las nuevas incorporaciones destacan los empresarios Álex Saab y Álvaro Pulido, ambos señalados en expedientes de investigación financiera tramitados ante la justicia estadounidense, además de otras cuatro personas vinculadas a presuntas tramas de blanqueo de capitales y corrupción.
Este movimiento en la política financiera de Berna ocurre de manera simultánea con la reciente decisión de Estados Unidos de retirar las sanciones impuestas contra Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), lo que evidencia una fase de reajustes en la aproximación diplomática y económica de la comunidad internacional frente a los actores políticos venezolanos.
Sin embargo, las autoridades de Suiza recalcaron que esta modificación responde de forma estricta al ámbito cautelar patrimonial y no representa un levantamiento generalizado de los marcos de restricción vigentes contra funcionarios del oficialismo.
Berna / Redacción Web
