
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Provea y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), entre otras Organizaciones No Gubernamentales (ONG), se solidarizaron con las personas privadas de libertad que se encuentran en el Internado Judicial de Barinas (Injuba) y que ayer domingo realizaron una protesta denunciando tratos crueles, torturas y retardo procesal.
Según relató el OVP, tras cantar el Himnno Nacional, 1 mil 200 hombres y más 100 mujeres que se encuentran recluidos en el penal, se declararon en huelga en horas de la tarde, mientras decenas de familiares se hicieron presentes “angustiados porque no les daban información” y solo observaban la llegada de gran cantidad de militares y cuerpos de seguridad.
El ingreso de un grupo de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) al recinto penitenciario no se pudo impedir, y minutos después de su entrada al penal se escucharon gritos y detonaciones. Según los presentes, los funcionarios comenzaron a lanzar bombas lacrimógenas hacia el anexo femenino. Algunas tuvieron que se ser desalojadas por los propios internos en vista de que comenzaron a asfixiarse por los gases.
En el techo, lo presos quemaban colchonetas. Algunos mostraban heridas de armas de fuego en sus cuerpos.
A las 11:00 pm la situación seguía siendo tensa en el Injuba, ante la posibilidad de una arremetida más intensa de los cuerpos de seguridad.
Sin embargo, pasada la 1:00 am de este lunes 25 de mayo, la directora del anexo femenino, del Injuba, salió a hablar con los familiares de los privados de libertad que se mantenían afuera del recinto.


La funcionaria les informó del desalojo total de las 112 mujeres que estaban en el anexo, aunque no especificó hacia dónde.
También manifestó que habría traslado voluntario de los hombres y que al penal llegarían jueces y fiscales para la instalación de una mesa técnica, en la cual realizarían revisión de casos.
Según el OVP. Luego de este anuncio al menos nueve autobuses llegaron a Injuba, pero solo tres han salido. Según informan los privados de libertad uno de los traslados presuntamente se dirige hacia el Internado Judicial Rodeo, en el estado Miranda.
“A las 6:30 a m otro grupo de privados de libertad se mantenía sobre las torres de Injuba, mientras los familiares que pernoctaron en las afueras del penal solo piden que los escuchen y se respeten sus DD. HH”, apuntó el Observatorio de prisiones.
Los reclusos del Injuba denunciaron que son víctimas de tratos inhumanos y degradantes. No les permiten pasar comida a los familiares y las nuevas autoridades del recinto suspendieron las visitas.
Relataron que les proporcionan descargas eléctricas como método de tortura y los golpean.
Señalan como responsable de lo ocurrido al nuevo director y solicitaron ser escuchados y la presencia de los medios de comunicación.
Los reos -entre los que se encuentran presos comunes y políticos-, exigen condiciones dignas de reclusión, atención médica, alimentación adecuada, respeto a sus derechos fundamentales y el cese de abusos sistemáticos dentro del penal.
Según el Clippve, las denuncias difundidas por organizaciones de derechos humanos y familiares sobre lo ocurrido en el Injuba “revelan una nueva escalada de violencia y represión dentro del sistema penitenciario venezolano”.
“La respuesta estatal habría sido la represión violenta mediante el lanzamiento de bombas lacrimógenas, agresiones, amenazas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra la población reclusa y sus familiares. Denuncian que las órdenes fueron impuestas por el nuevo director del centro, Elvis Macuare Guerrero”, señaló el Clippve a través de sus redes sociales.
Subrayaron que lo ocurrido en Injuba no es un hecho aislado y forma parte de una “política penitenciaria que ha normalizado el castigo, el hambre, el aislamiento, la tortura y las condiciones inhumanas de reclusión como mecanismos de control y sometimiento. Una política que ya ha provocado la muerte de personas bajo custodia del Estado”.
Finalmente, solicitaron la “destitución del actual Ministro para el Servicio Penitenciario ante la gravedad y continuidad de las violaciones de derechos humanos ocurridas bajo su gestión”.
Rodolfo Baptista


