Más de dos décadas después de los hechos que marcaron uno de los episodios más convulsos de la historia política reciente de Venezuela, Héctor Rovaín, Erasmo Bolívar y Luis Molina recuperaron su libertad. Los tres exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas fueron excarcelados el pasado 19 de mayo de 2026, luego de permanecer 23 años detenidos por el caso Puente Llaguno.
De acuerdo con organizaciones de derechos humanos, abogados defensores y dirigentes, el caso estuvo cargado de motivaciones políticas, señalando el proceso judicial como uno de los más polémicos del país.
El detonante fueron los hechos del 11 de abril de 2002, donde una multitudinaria marcha opositora que se dirigía hacia el Palacio de Miraflores terminó en violentos enfrentamientos armados en las inmediaciones de Puente Llaguno y la avenida Baralt, en Caracas. Según información oficial, 19 personas murieron y también se registraron decenas de heridos.
Labor en medio del caos
Aquel día, también conocido como La Masacre de El Silencio, funcionarios de la Policía Metropolitana participaron en labores de control del orden público en medio del caos generado por disparos, disturbios y enfrentamientos entre manifestantes.
Un año después, en abril de 2003, comenzaron las detenciones de varios funcionarios policiales vinculados al operativo de seguridad. Entre ellos estaban Héctor Rovaín, inspector jefe; Erasmo Bolívar, funcionario distinguido; y Luis Molina, patrullero motorizado, considerados hoy como unos de los presos políticos más antiguos en el país.
El Ministerio Público acusó al trío de homicidio calificado, lesiones graves y uso indebido de armas de fuego.
Ante la "justicia ciega"
El proceso judicial se prolongó durante varios años y, supuestamente, estuvo rodeado de controversias. Las defensas aseguraron que, al parecer, las experticias balísticas nunca demostraron de manera concluyente que las armas asignadas a los funcionarios causaran las muertes registradas ese día. También denunciaron que gran parte del juicio se sustentó en fotografías y videos ampliamente difundidos por medios de comunicación.
Mientras los expolicías enfrentaban el proceso, civiles identificados por sectores opositores como “los pistoleros de Puente Llaguno”, captados disparando desde el puente durante los hechos, fueron absueltos por la justicia venezolana en 2003, una decisión que alimentó aún más las críticas sobre el manejo judicial del caso.
Sin contemplaciones
La sentencia llegó el 3 de abril de 2009. La jueza Marjorie Calderón condenó a Rovaín, Bolívar y Molina a 30 años de prisión, la pena máxima en Venezuela, por complicidad correspectiva en homicidio calificado y otros delitos relacionados con los sucesos del 11 de abril. En el mismo proceso también fueron condenados los excomisarios Iván Simonovis, Henry Vivas y Lázaro Forero.
Con el paso de los años, organizaciones como Foro Penal denunciaron que los tres expolicías ya habían cumplido los requisitos legales para optar a fórmulas alternativas de cumplimiento de pena, como régimen abierto o destacamento de trabajo. Sus familiares insistieron durante años en que se trataba de los presos políticos con más tiempo encarcelados en el país.
En 2021 fueron trasladados desde la cárcel militar de Ramo Verde hasta el Centro Penitenciario Fénix, en Barquisimeto, estado Lara. Familiares denunciaron entonces dificultades para visitarlos y un deterioro en sus condiciones de reclusión.
Libres
La excarcelación finalmente se concretó el 19 de mayo de 2026, en medio de una nueva ronda de liberaciones anunciadas por las autoridades venezolanas. La noticia fue celebrada por organizaciones defensoras de derechos humanos y dirigentes opositores, quienes durante años exigieron su libertad y sostuvieron que nunca debieron permanecer encarcelados durante más de dos décadas.
Caracas / Redacción web
