Un grupo de ocho caficultores del estado Lara, judicializados desde 2021 tras una manifestación por el precio del café, denuncian que les fue negada la solicitud de amnistía y exigen que su caso sea atendido en Barquisimeto, sin necesidad de trasladarse a Caracas.
Rita Pérez, vocera del grupo, explicó que el pasado 2 de febrero solicitaron formalmente acogerse a la ley de amnistía como mecanismo para obtener libertad plena y avanzar hacia la reconciliación. Sin embargo, la petición fue rechazada, pese a que, cumplen con las condiciones establecidas.
Actualmente, los ocho caficultores, cuatro mujeres y cuatro hombres, permanecen bajo régimen de presentación cada 45 días, luego de haber pasado por privativa de libertad y arresto domiciliario durante nueve meses. Desde hace dos años cumplen medidas cautelares que, aseguran, les impiden llevar una vida normal.
“No podemos salir normalmente, nos detienen en alcabalas, debemos demostrar constantemente que estamos en un proceso judicial. Somos trabajadores del campo, lo único que pedíamos era un precio justo para el café”, agregó Pérez.
Los afectados también denunciaron las dificultades económicas y logísticas que implica trasladarse a Caracas para continuar con las gestiones del caso. Todos residen en zonas rurales aledañas a Sanare, incluso a varias horas de distancia del centro poblado.
Según detallaron, cada uno necesitaría al menos 400 dólares para cubrir gastos básicos como transporte, alimentación y hospedaje en la capital, una cifra inalcanzable para productores de pequeña escala.
“Somos caficultores, producimos poco. No tenemos ese dinero. No sabemos a dónde llegar ni quién nos va a atender en Caracas”, señaló Pérez.
En ese sentido, cuestionan por qué no pueden ser atendidos en Barquisimeto, donde reposa el expediente en el Tribunal de Control número 4, y donde consideran que debería resolverse su solicitud de libertad plena.
“Si la ley de amnistía aplica en todo el país, ¿por qué no se nos otorga desde Lara?”, se preguntó
El grupo también informó que introdujeron una apelación tras la negativa inicial, de la cual aún no han recibido respuesta. A pesar de haberse presentado voluntariamente ante las autoridades desde el inicio del proceso, aseguran que han sido señalados injustamente.
“En el expediente se nos calificó como escuálidos. En su momento fuimos tratados como presos políticos, ahora dicen que es un caso social y no aplicamos a la amnistía”, denunciaron.
Finalmente, los caficultores reiteraron su llamado a las autoridades judiciales para que revisen su caso y les permitan acceder a la libertad plena sin tener que enfrentar gastos que no pueden asumir.
Barquisimeto / El Impulso
