Trabajadores que fueron despedidos de la industria petrolera, tras el paro nacional llevado a cabo en el año 2002, denunciaron que la semana pasada acudieron a la Inspectoría del Trabajo, en Barcelona, para introducir un documento con el cual solicitan que se decrete un Providencia Administrativa, que ordene a Petróleos de Venezuela S,A, (Pdvsa) el reenganche y pagos de salarios caídos, así como todos los beneficios laborales de carácter social para los afectados, pero la institución se negó a recibir el escrito.
Arnoldo León, quien asistió al lugar junto a otros empleados perjudicados y miembros del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Petrolero y sus similares de Puerto La Cruz, Fernando Fraga, Miguel Rojas, Julio Jaramillo y Jhonny Viñoles, explicó que esta petición está sustentada en la recién aprobada Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, específicamente en sus artículos 6 y 8 (numeral 2).
"Nosotros como sindicato estamos haciendo valer nuestro derecho, ya que la amnistía nos asiste de pleno derecho en su ámbito de aplicación. El artículo 6 establece los delitos y faltas, y en el caso de nosotros se toma como una falta los que participamos en el paro petrolero de 2002. En Anzoátegui hay como 3.500 empleados afectados por esta situación de despidos por el paro petrolero de 2002, y a nivel nacional son casi 25 mil, unos ya han muerto, otros están en calidad de discapacitados, otros ya con opción de jubilación. Queremos que Pdvsa cumpla con los reenganches y pagos de salarios caídos. Esta acción busca beneficiar a todos los trabajadores, pero no quisieron recibir el escrito. Negar este derecho vulnera el derecho de petición y el debido proceso", resaltó León.
El dirigente sindical precisó que intentaron entregar el documento tanto el lunes 23 como el martes 24 de febrero, pero en ambas ocasiones no fueron recibidos.
Ante esta situación, agregó León, decidieron presentarse el viernes 27/2 en la Defensoría del Pueblo y denunciar el hecho.
"En vista de la negativa de recibir el oficio, acudimos al Defensor del Pueblo, Rafael Vegas, para que se aboque a la denuncia. Fuimos los cinco integrantes de esta comisión de trabajadores despedidos de la industria en el año 2002. En mi caso particular, mi expediente tiene 23 años en la Inspectoría. Yo soy dirigente sindical y me mantengo activo, además tengo inamovilidad laboral, no sólo por la Ley de Trabajo, sino porque en aquella época me la concedía el artículo 24 de Ley de Hidrocarburos. Si no han sacado providencia administrativa en 23 años y ahora que sacan la Ley de Amnistía, que nos da la razón de pleno derecho de acudir a los tribunales e inspectorías a hacer valer ese derecho, entonces estamos acabados", concluyó León.
Es importante mencionar que el artículo 8, numeral 2, de la Ley de Amnistía, señala que son objeto de amnistía "los hechos relacionados con el paro y sabotaje empresarial y petrolero de diciembre del año 2002 a febrero de 2003".
Puerto La Cruz / Jesús Bermúdez
