A pesar de que la Asamblea Nacional (AN) suspendió la segunda última discusión de la Ley de Amnistía General prevista para este martes, familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos se hicieron presentes pasadas las 11:00 am en la esquina de San Francisco, en la avenida Universidad a pocos metros del Palacio Federal Legislativo, en el centro de Caracas, para solicitar la excarcelación de todas las personas privadas de libertad por razones de conciencia.
Decenas de personas se congregaron para pedir celeridad en las liberaciones prometidas desde el 8 de enero por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez y ampliar el alcance de la normativa anunciada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez el viernes 30, la cual consideran “excluyente”.
“Justicia, justicia y libertad. Todos son inocentes, ninguno delincuente”, “Ni uno, ni dos, que sean todos”, eran parte de las consignas que gritaban los manifestantes.
Un cordón policial permitió el paso de las personas frente a uno de los edificios que da acceso al parlamento, para que pudiera entrar una comitiva y se diera una reunión encabezada por el diputado Jorge Arreaza y escuchar las propuestas.
Andreina Baduel, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) y hermana de Josnars Baduel, quien actualmente se encuentra recluido en El Rodeo I (Miranda) y quien habría sido objeto de múltiples torturas, se pronunció para denunciar la exclusión de presos dentro del proyecto de Ley Amnistía aprobado en primera discusión la semana pasada y solicitó que se escuche a las víctimas y familiares para realizar las modificaciones pertinentes.
“Hay lapsos que no se han establecido para la ejecución de esta ley, en caso de ser aprobada, entre otros , los casos de 2018, 2020, 2022 y 2023. De aprobarse esta ley sin escuchar a las víctimas habría más de la mitad de los presos políticos que quedarían en cautiverio”, dijo Baduel.
Apuntó que la Ley no es la única vía para la excarcelación de presos políticos.
“Hay diversos mecanismos que pueden hacer que se liberen a los presos sin que haya que seguir prolongando el dolor con acciones burocráticas. Simplemente con que se revise cada caso de los expedientes de los presos políticos significaría la libertad inmediata, porque todos esos procesos están viciados de nulidad porque no cumplen con los protocolos apegados a la ley”, explicó.
Aunque el Gobierno asegura que hasta la fecha han quedado en libertad 896 presos, distintas ONG aseguran que la cifra real es de 432 excarcelados quedando pendientes más de 600 personas en distintos penales a la espera del beneficio.
A pocas cuadras del Palacio Legislativo, en la esquina de El Chorro, fuente a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología, otro nutrido grupo de trabajadores y docentes universitarios y de la administración pública realizaban una manifestación en paralelo no solo para solicitar la liberación de los presos políticos sino para exigir un aumento salarial.
Con la consignas “Calle y lucha” y “No queremos bono, queremos el salario” intentaron atravesar la avenida Universidad, sin embargo, varios cordones policiales impidieron que los manifestantes avanzaran más de una cuadra. Finalmente lograron apostarse frente a la del Ministerio de Educación Superior donde una comitiva fue recibida.
“Nosotros no queremos bonos, queremos salarios, y ese salario lo queremos en el mes de febrero. No aguantamos hasta el primero de mayo. Es ahora, porque si no los trabajadores nos lanzaremos a la calle”, apuntó el docente de la UCV Carlos Salazar.
Caracas / Rodolfo Baptista
