Lo que está ocurriendo con los seis refugiados en la embajada argentina, en Caracas, constituye una acción arbitraria, repulsiva y condenable, porque se le están aplicando no sólo medidas de persecución, asedio y torturas psicológicas, sino que además se trata de condenarlos a sufrir de sed y hambre, para causarles una crítica situación de pérdida de salud.
Al emitir su opinión el exparlamentario e historiador Pedro Pablo Alcántara señala que lo más repudiable de esta actuación del gobierno es que Venezuela está violando principios del derecho internacional en materia de asilo político.
Resulta absurdo que esto ocurra en Caracas, donde el 26 de marzo de 1858 fue firmado el denominado Protocolo Urrutia, mediante el cual la residencia del embajador de Francia se convertía en un lugar invulnerable, territorio francés y, por tanto, infranqueable al gobierno que había pretendido sacar a la fuerza a José Tadeo Monagas, después que éste había sido derrocado.
Lo más importante y trascendental del Protocolo: Urrutia, dice Alcántara, es que el asilo que había sido instituido por la Iglesia Católica, cobra con la firma de ese documento tal fuerza que, progresivamente, fue adoptada por todo el mundo la decisión de respetar las sedes diplomáticas y, en tal virtud, hacerlas invulnerables, por lo que está ocurriendo en Caracas es un hecho criticable y condenable por la comunidad internacional.
Situaciones como esta no pueden ocurrir en Caracas porque la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre crímenes de lesa humanidad, que lastimosamente han venido creciendo con los años y de los cuales son responsables altos mandos, que serán reclamados por la justicia internacional, ya que en el país no ha sido posible que se haga justicia.
Es por ello que el Protocolo Urrutia, firmado hace 166 años en Caracas, hoy tiene más vigencia que nunca y el gobierno nacional está incurriendo en un error, en un crimen, porque tiene a seis venezolanos expuestos a torturas psicológicas y físicas, ya que negarles el agua e impedir que les lleguen alimentos, además de cortarle los servicios de agua y electricidad a la embajada es un hecho criminal.
La omisión de figuras determinante en la política venezolana como el general Juan Crisóstomo Falcón, quién fue el máximo héroe militar de la revolución federal, pudo haberse evitado de haber participado en el derrocamiento de Julián Castro, cuando ya hacía sus efectos la grave crisis política económica y funcional del Estado venezolano a partir del año de 1856.
Pero, ¿no fue peor lo que vino después?
Sí, en adelante la revolución federal de 1859.
El número de personas muertas por conflicto de naturaleza política llegó a 175,000 muertos.
Si este es un número enorme en este momento, ¿no cree que ha sido el peor desangramiento que ha tenido Venezuela en toda su historia?
Evidentemente. Ha sido el balance lamentablemente más dramático de la historia de Venezuela. Hay que señalar que el país perdió la gran oportunidad de haber desarrollado a través de la Constitución del año 1858 un acuerdo, como lo han afirmado quienes han analizado esa situación. Esa fue una Constitución política, pero carente de compromisos y eventos de protección de los derechos sociales de los venezolanos. Los Derechos Humanos son también los derechos a poder hacer práctica la política sin tener las consecuencias que generen sus opiniones.
Que no hemos podido disfrutar de un período sostenible en el tiempo desde aquella fecha hasta entonces, porque en Venezuela se le ha dado un espacio indebido inhumano a la retaliación, a la venganza, al conflicto a la convivencia, que son tan necesaria para que los países puedan avanzar en proyectos de corto mediano y largo plazo, para beneficio de todos sus ciudadanos. Esto me llama a decir que se parece tanto a ciertos sujetos históricos aparecidos en la historia venezolana a partir de 1988, caracterizados por una mente, por una conducta personalista, por un afán de perpetuación en el poder, a costa del sacrificio de generaciones enteras de venezolanos.
Eso ha ocurrido en 25 años. El evento que ocurrió con motivo del derrocamiento de José Tadeo Monagas y que fue concebido y consagrado en la historia venezolana como el llamado Protocolo Urrutia hay que recordarlo y reflexionar sobre su proyección. Porque Monagas siendo perseguido por sus adversarios políticos se refugió en la residencia del diplomático francés, quien representaba los intereses de su país en Caracas. Sus enemigos políticos querían fusilarlo, apedrearlo o matarlo por cualquier otro método. Y aquí se levantó la figura de un abogado venezolano eminente, gran parlamentario y gran orador, el doctor Wenceslao Urrutia, quien en conversaciones sostenidas con los representantes de Estados Unidos de la propia Francia, de los Países Bajos y del nuncio apostólico que representaba los intereses del Vaticano, se determinó que las residencias diplomáticas y las embajadas eran extensiones territoriales de sus respectivos países, y, por lo tanto, no estaban sometidos esos lugares ni a pesquisas. ni amenazas a la integridad de quienes ocuparan allí espacios, huyendo de la persecución política.
Claro que sí. El fundamento civil del derecho de asilo derecho hay que tenerlo presente es una figura nacida al calor de los conflictos entre los monarcas y los papás; es decir, los representantes máximos de la Iglesia Católica. Éstos se impusieron sobre los monarcas, lo que permitió que la Iglesia desarrollara una política de protección en su recinto: conventos, iglesias, capillas o catedrales, a todo aquel que fuera perseguido por el gobierno.
Posteriormente, ese derecho de asilo, permite que quien estuviese refugiado en un determinado territorio en el mundo pueda salir del país, aún cuando se le hagan los juicios que corresponden a las irregularidades que cometió durante su mandato o a sus funciones en la administración pública, de acuerdo al caso del individuo en particular.
Lo importante, interesante y trascendente del Protocolo Urrutia es que esa decisión venezolana convirtió al mundo diplomático en una sólida institución, que fue recogida y ampliada para determinar universalmente que son inviolables las sedes administrativas de los países.
Es lamentable, condenable y repudiable ante los ojos del mundo que el gobierno venezolano esté sometiendo a un grupo de venezolanos, muy distinguidos, a todas las amenazas, persecuciones y a todos los eventos de terror continuo. Es intolerable que les haya cortado el servicio de electricidad y les prive del agua.
Este hostigamiento es atroz. Son inútiles las amenazas porque los cuerpos de seguridad no van a entrar a la embajada porque saben que es muy peligroso desafiar a un país mejor equipado armamentísticamente que Venezuela. Y es repudiable que grupos armados y encapuchados, con fusiles de combate de la República de Venezuela, pretenden aterrorizar a seis personas totalmente desarmadas, que son personas apegadas a las leyes y a la Constitución y sólo están esperando, desde hace más de ocho meses, salir al exilio. Lo sensato era haber cumplido con ese pedimento y ahorrarse estas escenas espantosas que están dejando muy mal parado al gobierno nacional porque se está situando a etapas propias de los salvajes como los de Atila.
En este momento, los preceptos que tanto reclamó Fermín Toro, el gran patricio, toman mayor vigencia- El derecho de comportarse Venezuela como una nación civilizada está en la decisión tomada por el doctor Urrutia y que hoy es un derecho universal el proteger a los refugiados en cualquier embajada del mundo. Si ese ejemplo lo dio el doctor Urrutia y lo asumió el resto de los países, entonces, Venezuela no puede pisotear un derecho que surgió hace 166 años en Caracas.
