Familiares de personas detenidas en el contexto de la crisis política registrada luego de los comicios del 28-J, denunciaron que sus allegados estarían recibiendo “presiones y amenazas” en distintos centros de reclusión para que “admitan delitos” que el Ministerio Público les ha imputado “sin pruebas y sin garantías de debido proceso”.
La Organización No Gubernamental (ONG) de defensa de Derechos Humanos, Provea, dio a conocer los señalamientos hechos por parientes de distintos privados de libertad que se encuentran en las cárceles de Tocuyito, Tocorón, El Rodeo y Las Crisálidas.
“Las más de 2 mil personas detenidas por razones políticas en el marco de la represión post-electoral están siendo acusadas de terrorismo, un delito que, de acuerdo a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Lodofat), contempla penas de entre 25 a 30 años de prisión”, precisó la ONG a través de sus redes sociales.
Los familiares detallaron que “agentes del Estado estarían coaccionando a los privados de libertad” bajo amenazas de ser pasados a juicio “sin ningún tipo de beneficio procesal, e incluso mediante el sometimiento a torturas y tratos crueles, que incluyen golpizas negación de alimentos y medicinas y restricciones para recibir visitas”
Según el último reporte del Foro Penal, en el país existen 1 mil 916 presos políticos, de los cuales 1 mil 784 fueron apresados desde el 29 de julio. La cifra incluye a 70 adolescentes entre los 14 y 17 años.
Provea recordó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) estableció que el concepto de tortura y tratos o penas crueles “no se limita solo a las prácticas de violencia física o psíquica, sino que incluye también las condiciones de detención que no respetan la dignidad humana”.
Esto ocurría actualmente con los presos políticos que estarían sujetos a malas condiciones de reclusión, hacinamiento, sanciones disciplinarias abusivas, falta de atención médica, ausencia de alimentación adecuada y agua potable, y carencia de recursos para atender las necesidades básicas, entre otros.
De acuerdo a información divulgada por el gobierno y autoridades del Ministerio Público, aproximadamente 2 mil 400 personas fueron arrestadas entre el 29 de julio y el 13 de agosto, por su participación en las protestas o acusadas de formar parte de actos de conspiración o terrorismo.
“La cifra, que representa 94% del total de detenidos registrados durante los cuatro meses del ciclo de protestas de los meses de abril y agosto de 2017, da cuenta de que en solo 16 días un promedio de 150 personas fue detenida, diariamente, por agentes de seguridad venezolanos (...) El elevado número de personas acusadas de terrorismo por el gobierno de Maduro y el cooptado Sistema de Administración de Justicia venezolano, ratifica lo que varias relatorías de Naciones Unidas han calificado como ‘abuso crónico’ de la legislación antiterrorista”, agregó Provea.
La organización de defensa de DD.HH, apuntó que los parientes de las personas “exigen se detenga el maltrato físico y psicológico” al que están siendo sometidos los detenidos y todo el núcleo familiar, respeto a las garantías judiciales y el debido proceso y la “libertad de todas las personas que se encuentran detenidas por exigir y defender derechos establecidos en la Constitución Nacional”.
La denuncia sobre las presiones a las que estarían siendo sometidas las personas detenidas, fueron suscritas por el dirigente de la Causa R, Alfredo Ramos.
El exaclade del municipio Iribarren de Carabobo, divulgó una carta que le habría entregado la madre de un joven recluido. En la misiva se señala que desde el pasado martes 8 de octubre se están realizando audiencias virtuales, antes de las cuales se estaría amenazando a los presos para que admitan su culpabilidad “porque si no los van a condenar a 20 años de prisión”.
“Igualmente los están obligando a firmar y colocar su huella dactilar en una hoja en blanco a los detenidos de Tocorón”, se deja leer en la carta.
Caracas / Rodolfo Baptista
