La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este martes en Ginebra, Suiza, su más reciente informe y advirtió que el Gobierno nacional ha “intensificado dramáticamente sus esfuerzos para aplastar toda oposición pacífica a su mandato, sumiendo a la nación en una de las crisis de derechos humanos más graves de la historia reciente”.
En el documento de 21 páginas, la Misión detalló una actualización de las violaciones a las garantías ciudadanas registradas entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024, poniendo énfasis en los sucesos ocurridos en el contexto de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
“A partir del 29 de julio de 2024, luego de que la autoridad nacional electoral proclamara ganador al presidente Nicolás Maduro, se desencadenaron protestas por todo el país y denuncias de fraude que fueron reprimidas (…) El Estado reactivó e intensificó la modalidad más dura y violenta de su maquinaria de represión”, apunta el texto.
Subrayó la Misión de la ONU que las violaciones y delitos se enmarcan en una política para silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno y constituyen una respuesta que “marca un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho”.
Para la preparación del informe la Misión realizó 366 entrevistas remotas o presenciales con 383 personas (203 hombres y 180 mujeres) y consultó decenas de expedientes judiciales y otras fuentes documentales y audiovisuales.
En relación a la crisis postelectoral, la instancia internacional revisó más de 1.000 evidencias, incluidos testimonios, videos, audios, fotografías, documentos, denuncias, informes de organizaciones defensoras de Derechos Humanos y noticias periodísticas provenientes tanto de fuentes abiertas como confidenciales.
La Misión de la ONU apuntó que la represión y los actos de violencia registrados luego de los comicios provocaron la muerte de 25 ciudadanos, centenares de heridos y detenidos -entre estos últimos se encontraban niños y niñas y personas con discapacidad.
“Las autoridades pusieron en marcha la ‘operación Tun Tun’ para detener en sus viviendas a personas que habían participado en las protestas o que habían expresado opiniones críticas contra el Gobierno. Esto generó un clima de terror generalizado en la población”.
Durante el período del informe, la Misión investigó además de casos de muertes y detenciones arbitrarias, “desapariciones forzadas de corta duración, actos de tortura, tratos crueles e inhumanos o degradantes y violencia sexual”.
El documento señala que los fallecidos confirmados eran todos de género masculino y 68% (17) tenía menos de 30 años. De estos, 10 eran jóvenes, es decir, 24 años o menos -uno de ellos tenía 15 años y otro 17. De igual forma se reportó que una de la víctimas era integrante de Guardia Nacional Bolivariana.
De las 25 muertes contabilizadas en 10 entidades, 24 fueron causadas por armas de fuego.
En cuanto a las detenciones, la Misión apuntó en su informe cifras registradas antes de las elecciones (al menos 39), durante la campaña (121) y después de los comicios (entre 1 mil 619 y 2 mil 229).
“El número de detenciones reportadas por las propias autoridades llegó a niveles solo comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019 (…) Dentro de este universo de casos, la Misión llegó a documentar 143 detenciones posteriores a las elecciones, basándose en la información de al menos dos fuentes creíbles e inició la investigación de 12 de estas ”.
Agregó que se obtuvo información de la detención de 158 niños y niñas (130 niños y 28 niñas) acusados de graves delitos como terrorismo
“un fenómeno que la Misión no había identificado anteriormente”. “En algunos casos permanecieron recluidos en prisiones comunes, sin que se respetara la separación por edad o género”.
Agrega el documento que los niños y niñas detenidos tras las protestas no contaron con las protecciones procesales que exige la ley.
La Misión de la ONU también continuó recibiendo alegatos acerca de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes de personas opositoras o percibidas como tales cuando se encontraban bajo custodia de cuerpos de seguridad en prisiones y centros de detención.
La instancia internacional pudo acreditar “con motivos razonables” al menos siete de estos casos antes de los comicios y recibió alegatos acerca de otros que no pudieron ser investigados en detalle “debido al temor a represalias de las víctimas o de sus familiares”.
Los métodos de torturas utilizados en los casos investigados incluyeron puñetazos; golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma; descargas eléctricas en el cuerpo, incluidos los genitales; asfixia con bolsas de plástico, inmersión en agua fría; privación de sueño a través de iluminación y/o música con volumen alto las 24 horas del día.
“La Misión investigó otros nueve casos en los que las autoridades ejercieron coerción e intimidación sobre las personas detenidas, incluyendo amenazas contra sus familiares para que grabaran videos autoincriminándose o incriminando a terceros, aunque estos videos no siempre se hicieron públicos”, señala el informe.
En otros casos, las condiciones de reclusión también revistieron carácter de tortura. “Por ejemplo, el militar de alto rango Oswaldo García Palomo, que cumple condena de 30 años de prisión tras ser vinculado a la operación Constitución, fue sometido a aislamiento prolongado por más de 15 días en una celda de 4 m2 en la llamada casa de los sueños, ubicada en Boleíta, en la que se inhala monóxido de carbono permanentemente y la temperatura puede ascender a los 40 grados centígrados”.
En cuanto a los reportes de violencia sexual y basada en género, estos tuvieron “un fuerte incremento tras las elecciones del 28 de julio”, según la Misión de la ONU.
“La Misión concluyó, con motivos razonables para creer, que se produjeron actos de violencia sexual y de género en tres casos antes del 28 de julio de 2024 y otros cuatro casos después de esta fecha. También recibió y analizó información creíble sobre otros 15 casos de violencia sexual y de género”, indica el texto.
Los actos incluyeron amenazas de violación o de otra forma de violencia sexual o reproductiva -incluido el caso en que se amenazó con producirle un aborto a una adolescente embarazada-; manoseo de senos, glúteos, y genitales; desnudez forzada delante de custodios; requisas invasivas e insultos sexistas, entre otros.
“Entre los casos posteriores a las elecciones presidenciales, la Misión investigó el de dos niñas de 15 y 17 años que fueron detenidas durante las protestas, aún sin haber participado en ellas. Los funcionarios de la Guardia Nacional que las detuvieron las golpearon, les tiraron del cabello, las tildaron de ‘perras guarimberas’ y a una de ellas le tocaron la entrepierna por encima de la ropa. Posteriormente, fueron trasladadas al comando de la Guardia Nacional Bolivariana donde fueron golpeadas y humilladas. A una de ellas la obligaron a bajarse los pantalones y le tocaron los genitales”, detalla el documento.
El informe concluye que “la brutalidad de la represión sigue generando un miedo generalizado en la oposición”.
Agrega que las violaciones investigadas durante este período representan una continuidad de la misma línea de conducta que caracterizó a informes previos.
“Estas violaciones no fueron el resultado de hechos aislados o aleatorios, sino que forman parte de una serie de hechos cometidos en implementación de un plan coordinado para silenciar, desalentar y sofocar a la oposición al gobierno del presidente Maduro”, finaliza.
Caracas / Corresponsalía Caracas
