Un grupo de trabajadores de la planta general José Antonio Anzoátegui de la Empresa Nacional de Tubos (Enatub), adscrita en los últimos años a Petróleos de Venezuela (Pdvsa) Industrial en Barcelona, viajó a Caracas recientemente para buscar solución al supuesto despido de 120 empleados.
Robert Rondón, uno de los delegados, manifestó que consignaron documentos en el Palacio de Miraflores, en el Ministerio del Proceso Social de Trabajo y el Ministerio del Poder Popular de Petróleos de Venezuela debido a que en el estado Anzoátegui, supuestamente, no obtuvieron respuestas. Señaló que antes había acudido a la gobernación, a la Defensoría del Pueblo, al Consejo Legislativo y la Inspectoría Alberto Lovera.
De acuerdo a Rondón, en el escrito le explican al presidente Nicolás Maduro que el decreto 4721 de fecha 10 de agosto de 2022, en el cual se hace la transferencia de la planta al Ministerio del Poder Popular para la Atención de las Aguas, sirvió para despedir de manera injustificada a 120 personas.
"Pero lo más grave aún es que a estos trabajadores les quieren achacar la responsabilidad de los hechos de mafias que ellos mismos han denunciado en su momento. No les reconocen los beneficios laborales y sociales que legalmente les corresponden y los coaccionan para que reciban una pírrica suma y malas calculadas prestaciones sociales bajo la premisa de que se trata de una variación de adscripción, que no es otra cosa que una sustitución de patrono", fue parte de lo expresado en el documento, aseguró Rondón.
En el escrito los afectados dejaron claro que se viola la Constitución y las leyes que rigen en materia laboral, por lo que solicitan la reincorporación inmediata o transferencia de los trabajadores a las diferentes petroleras, el pago de las prestaciones sociales bien calculadas y que se otorguen los beneficios sociales excluidos.
Barcelona / Elisa Gómez
