La Policía ecuatoriana ha detenido a dos personas presuntamente relacionadas con el asesinato del fiscal César Suárez, que había actuado en el caso abierto por el asalto a un canal de televisión y que se ocupaba de diligencias de narcotráfico, terrorismo y delincuencia organizada.
Así lo revelaba el comandante general de la Policía, César Zapata, en su cuenta de X (antes Twitter) donde ha precisado que a los detenidos se les incautó un fusil, dos pistolas, alimentadoras y dos vehículos.
El asesinato del fiscal Suárez fue perpetrado el miércoles en la ciudad costera de Guayaquil en medio del estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno por parte del Gobierno de Daniel Noboa, ante la espiral de violencia desatada la semana pasada y atribuida a bandas criminales.
Suárez, que había interrogado recientemente a los detenidos por el asalto al canal TC Televisión de Guayaquil, fue asesinado por sicarios que dispararon a su vehículo cuando se dirigía a una audiencia en un caso de tráfico de drogas, sin estar escolta.
El crimen ha hecho saltar por los aires la sensación de tensa calma con la que los ecuatorianos trataban de recuperar la normalidad tras la oleada de violencia.
La Fiscalía reconoció que en el momento del atentado no tenía escolta porque la audiencia iba a ser telemática, aunque sí contaba normalmente con resguardo.
La ausencia de escoltas para Suárez fue confirmada a EFE por un familiar del asesinado en las puertas de la morgue de Guayaquil, a donde fue trasladado el cuerpo tras permanecer cerca de una hora y rodeado de sangre dentro del vehículo.
“Lo han vendido”, llegó a aseverar la familiar de Suárez, que no quiso revelar su nombre por temor a represalias, si bien señaló que lo hicieron salir de casa con una llamada aparentemente inesperada para que se dirigiese a un lugar que no quiso revelar.
En ese viaje fue perseguido por otro automóvil desde el que le dispararon 20 tiros a corta distancia. Posteriormente, ese vehículo apareció incinerado en otra parte de la ciudad.
Si bien desde el año anterior se habían recrudecido los atentados del crimen organizado contra jueces, fiscales, políticos y autoridades locales, como el asesinato de Fernando Villavicencio en agosto pasado, la muerte de Suárez se produce en medio de la “guerra interna” declarada por el Gobierno a las bandas criminales y pone de manifiesto la vulnerabilidad de los funcionarios de justicia en este contexto.
Ya en la víspera también había sido asesinado un funcionario de prisiones en la provincia amazónica de Sucumbíos, fronteriza con Colombia.
El Gobierno de Ecuador ha condenado el asesinato a tiros del fiscal y ha ratificado su compromiso de apoyar a la administración de justicia en su lucha contra el crimen organizado trasnacional.
Por su parte, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ha asegurado que el Ministerio Público no detendrá esa lucha.
“Este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador”, pero “los grupos de delincuencia organizada, los criminales, los terroristas no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana”, apuntó Salazar el miércoles.
Además, la fiscal hizo un llamamiento a las fuerzas del orden para “garantizar la seguridad de quienes nos encontramos en cumplimiento de nuestras funciones”, así como al Consejo de la Judicatura para que autorice que las audiencias judiciales que llevan adelante fiscales de las unidades contra el crimen organizado “se desarrollen de forma telemática”.
Ecuador / Efe
