El pasado 14 de agosto la administración de Nicolás Maduro presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) su apelación en torno a la investigación del caso «Venezuela I».
Los fundamentos de esta apelación, cuyo documento no se ha hecho público aún, se emitieron contra la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares I de la CPI de retomar las investigaciones sobre el caso.
«Desde el año 2018 Venezuela ha denunciado y demostrado que el proceso iniciado ante la Corte Penal Internacional tiene una clara motivación política», señaló un comunicado del chavismo.
Según la administración de Maduro, el caso en cuestión es impulsado por «potencias extranjeras» que se empeñan en la «estrategia de cambio de régimen» contra Venezuela.
Además, advirtió que durante el «examen preliminar» del proceso se «impidió a Venezuela ejercer su derecho a la defensa».
Durante un Twitter Spaces realizado por Defiende Venezuela, el abogado Alí Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, señaló que aunque el documento con la apelación no es público todavía, se prevé que el gobierno presente los mismos argumentos que en la apelación anterior.
«El gobierno señala que la Fiscalía no ha probado la comisión de crímenes de lesa humanidad. Para el gobierno, en Venezuela no han ocurridos crímenes de lesa humanidad», expresó Daniels.
Asimismo, Daniels recordó que un argumento que el gobierno ha utilizado es que «no se ha probado la gravedad de los delitos», pero la Sala señaló que eso «no correspondía a esta etapa del proceso y quedaba a juicio de la Fiscalía».
También, señaló que el gobierno alegó «indefensión», lo que consideró «bastante cínico» por como se llevan los procesos en Venezuela.
«Los argumentos del gobierno no tienen la contundencia porque no hay cómo defender el caso de Venezuela. Demuestra que el gobierno está intentando ganar tiempo y ralentizar los procesos ante la Corte», agregó Daniels.
Por su parte, Simón Gómez, profesor de Derecho Internacional Público, dijo que ha trascendido que la administración de Maduro «estaría impugnando la decisión de la Sala de Cuestiones sobre la base de seis alegatos que constituyen infracciones en la interpretación de normas del Estatuto».
A juicio de Gómez, estas acciones del gobierno de Maduro se podría resumir bajo la expresión de «patadas de ahogado» y considera que el Estado buscaría «procurar la dilación del proceso».
Sin embargo, el especialista considera que este es un «argumento rebuscado que va a ser desechado por la Sala, que está haciendo una confirmación de un criterio que ya había sostenido previamente en Afganistán y e Filipinas».
En opinión de Simón Gómez, la apelación del gobierno de Maduro no tiene efectos suspensivos sobre la investigación de la CPI y recordó que Venezuela hace uso de un derecho que tiene al presentar dicha apelación.
Sobre otra consulta a las víctimas, Alí Daniels explicó que podrían participar aquellas que ya la hicieron y enviarían un documento opinando sobre la decisión de la Corte.
«No es sobre los argumentos del gobierno o de la Fiscalía, es sobre la decisión de la Sala», explicó Daniels.
Pero también, en este proceso también podrían participar «aquellas personas que no se enteraron o que tuvieron un legítimo temor».
«Haremos un resumen muy sencillo donde diremos qué dijo la sentencia, para que las víctimas puedan ver ese resumen y expresar si opinión», acotó Daniels.
Caracas / Runrunes
