En los últimos 20 años, al menos 233 emisoras de radio han cerrado en toda Venezuela. La mayoría de éstas por procedimientos hechos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel). Nada más entre enero y septiembre de 2022, unas 85 estaciones cesaron sus transmisiones por orden del ente estatal, según los registros de la Asociación Civil Espacio Público.
La organización, la cual se encarga de documentar y defender los derechos humanos y la libertad de expresión, aseguró que entre los años 2017 y 2022 el principal responsable en intervenir en el cierre en al menos 55 % de los registros, algunos con órdenes que van desde llamadas telefónicas u órdenes administrativas y funcionarios de seguridad del Estado. En varios de los casos proceden al decomiso de los equipos de transmisión.
El director ejecutivo de Espacio Público, Carlos Correa, precisó que solo en 2017 cerraron 55 estaciones de radio, en 2018 fueron 27, en 2011 fueron 24 y en el 2022, más de 80. De esos años que mencionó, aseguró que la cifra de cierres en 2017 correspondió por manifestaciones que se hicieron en el país. Sin embargo, con respecto a la cantidad de cierres en 2022, indicó que no se entiende la razón.
“Básicamente lo que hay es un reacomodo de la estructura de propiedad de los medios de comunicación en Venezuela que pasa por bajar la señal de ese número de emisoras”, expresó a Radio Fe y Alegría Noticias.
Correa afirmó que en algunos casos las señales se las asignaron a otros propietarios; en otros, “las bajaron”, mientras a que a otras emisoras las “están sometiendo a un proceso de certificación, pero no está muy claro qué es lo que quieren hacer”, dijo.
A su juicio, actualmente existen pases de factura entre sectores relacionados con el oficialismo y algunas emisoras “son sencillamente cerradas porque resultan incómodas a liderazgos locales. En otros casos, son cierres de emisoras para pasarlas a otros actores que están configurando grupos de actores en el país”, agregó.
Correa aseguró que lo que sucede con el espectro radioeléctrico en el país es que ya las emisoras de radio no tienen garantías para operar porque “no se les da la titularidad a los propietarios que las instalaron. No es que ellos llegaron y montaron esas emisoras, que puede ser que haya casos así pero después Conatel le dijo que las apagaran”, dijo, y añadió que en otros casos ha ocurrido que les quitan los equipos de transmisión.
El director de Espacio Público indicó que ahora Conatel no ofrece ninguna respuesta a las emisoras que ha ordenado cesar sus transmisiones, pues varias de éstas ofrecen algún proyecto y reciben “apaguen el transmisor” como respuesta.
A esta realidad de cierres de emisoras le tocó el turno el 20 de enero de 2023 a la estación Kalidad 90.3 FM que transmitía desde San Rafael de El Piñal, en el estado Táchira. El cese de sus operaciones ocurrió luego de la visita de algunos funcionarios de Conatel que llegaron a la estación con una orden firmada por el viceministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, y otra por Jorge Márquez, director de Conatel.
El director de la emisora, José Goncalves, explicó que estas personas llegaron ese día y a las 6:00 de la tarde tomaron la decisión que debían cerrar la estación y apagar sus transmisores.
El cese de esta emisora -que duró 24 años al aire- afectó a 23 personas que laboraban allí, entre técnicos, periodistas, personal obrero y otros.
Con respecto a los equipos de las emisoras que han decomisado los funcionarios del Estado, Correa señaló que Espacio Público ha hecho el acompañamiento a las estaciones de radio cuando esos hechos ocurren; sin embargo, se desconoce el destino final de esos equipos (transmisores, cónsolas, micrófonos, cableado, computadoras, entre otros).
“Los procesos demoran muchísimo tiempo y en el caso de que la persona resulte -que es poco probable- beneficiada por una sentencia o procedimiento administrativo, los equipos se pierden. No se sabe dónde están o los han canibalizado. Prácticamente los pierden”, afirmó.
A los cierres directos de las emisoras de radio, se suman las fallas eléctricas, pues cuando ocurren, las estaciones se quedan sin servicio para ofrecer información a la ciudadanía. En algunos casos, estas fallas de electricidad impactan negativamente en los equipos y causan daños.
Correa resalta que con el cierre de las emisoras “se reducen las opciones para que la gente acceda a la información”, debido a que la radio cumple un rol fundamental para el ejercicio de los derechos de todas las personas, así como también para la participación política y asuntos públicos.
Para finalizar, el director de la organización comentó que es difícil prever cómo será esta práctica hacia las emisoras durante el año 2023, debido a que todo dependerá de la decisión de los funcionarios gubernamentales.
Sin embargo, precisó que “sí es cierto es que los elementos estructurales que permitieron que ocurriera eso el año pasado siguen presentes. No ha cambiado nada”.
Caracas / Radio Fe y Alegría
