Las multas del Sistema Nacional de Migración de Perú para muchos inmigrantes son impagables. Las notificaciones de la sanción no llegan a tiempo ni por correo electrónico. Los afectados denuncian la falta de transparencia de las instituciones. Una venezolana alzó su voz para pedir a un juzgado constitucional la revisión de las sanciones.
Para este 8 de agosto está previsto el juicio por la demanda interpuesta por un inmigrante venezolano ante el Juzgado Constitucional Segundo de Lima, Perú.
El objetivo, solicitar la revisión de las sanciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones (SNM) ante lo impagables que se han vuelto las multas por vencimiento de la prórroga de residencia en el carné de extranjería.
Edith Arango conocerá su suerte en su país de acogida, y quizá la de muchos connacionales más, de la voz de la juez Andrea del Pilar Córdova Escobar.
Arango es una madre soltera, su hijo tiene 17 años de edad. Desde mediados de 2018 reside en Perú. Comenta a Crónica.Uno que “no ha sido fácil sostenernos acá, pero hemos salido adelante”.
En mayo de 2022 recibió un correo donde le notificaron que su solicitud de condonación de deuda no fue aceptada por no reunir las condiciones socioeconómicas: “…no se encuentra en situación de pobreza o extrema pobreza que permitan condonar su multa por vencimiento de su residencia”, reza el mensaje electrónico.
El mismo correo le insta a cancelarla de manera inmediata. Aquí comienza el transitar de cerca de 100 mil venezolanos que en condiciones similares no pueden adquirir ni una línea telefónica por tener vencida la residencia en el país andino.
En Perú se han establecido 1,4 millones de connacionales que huyeron de Venezuela tras la grave situación económica que atraviesa el país desde hace nueve años.
Por su parte, Mireya Aguilar, otra venezolana que huyó de la realidad nacional, lleva cinco años en el país andino.
Tiene una multa de siete mil soles por el vencimiento de su prórroga de residencia. Cuando le llegó la notificación, su estado de salud estaba comprometido por la neuropatía periférica que padece. Estuvo más de ocho días en coma inducido para restablecerse.
Recobró la salud, pero no tenía cabeza para pensar sino en sus dos hijos menores, que le acompañan.
Perdió su empleo, su tarjeta de débito y no puede conseguir trabajo en su especialidad. Es una profesional de la enfermería que actualmente trabaja como asistente de farmacia.
En tanto, Edith relata que desde que llegó al Perú ha hecho sus actualizaciones de residencia. “Siempre he estado al día”, afirmó la mujer oriunda de San Cristóbal, estado Táchira con residencia en Lima.
Cada seis meses los inmigrantes deben estar atentos para solicitar la actualización de su estatus y cada año la residencia.
Edith y su hijo viven de lo que la madre gana como manicurista.
“Hice mi solicitud por la fecha que emite el Sistema Nacional de Migración y no por la que está en el carné”.
De hecho, hizo el pago al Banco de la Nación. “Yo sabía que me iban a multar”, lo que Edith desconocía era que la notificación jamás llegaría a su correo electrónico, como se hace en cualquier proceso. “Llegó al buzón de migración”. Nadie lo esperaba, denuncia Arango.
“Esto es falta de transparencia. Pareciera que lo hacen para que cuando uno se entere no pueda pagar la deuda porque no es la vía acostumbrada para hacer llegar alguna eventualidad”, dijo la venezolana.
Al igual que Mireya, se enteró porque al intentar cambiar sus tarjetas bancarias se les negó el servicio. “Nunca me hubiese enterado si no es por el banco”. Hoy su deuda asciende a ocho mil soles. “Esto es impagable para mí”, asegura.
En agosto de 2021, en Perú se dejó sin efecto la providencia que suspendía plazos y multas tras la pandemia de la COVID- 19.
Desde entonces corren las cuotas por vencimiento de residencia y exceso de permanencia.
Juan Manuel Castillo, abogado constitucionalista que lleva la causa de Arango, explica que el costo de la multa es de 12 dólares diarios. Montos que la mayoría de la población extranjera afectada insiste es imposible pagar, tomando en cuenta que el ingreso promedio es de 34 soles diarios (ocho dólares), sin contemplar los gastos de alimentación, alquileres, entre otros.
El valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en Perú es de 46 soles, es decir, 1,19 dólares al día.
Cada día se deben cancelar por residencia vencida 46 soles mientras que por exceso de permanencia 4,6 soles, un dólar con 20 centavos.
En Perú, otra venezolana, cuyo esposo e hijos son peruanos, ha sido multada por 2500 soles “por ausencia del país” cuando nunca se ha ausentado de la nación y aunque ha dado muestras de su permanencia la multa crece cada día.
El Poder Judicial admitió demanda contra multas a extranjeros en Perú, según consta en expediente No. 01737-2022-0-1801-JR-DC-02 y fechada del 13 de abril de 2022.
Esto representa el primer paso que abrirá el camino para los siguientes escenarios, en los que se pueda lograr una decisión favorable que beneficie a su vez a otros extranjeros que tienen multas calificadas de desproporcionadas y que llegan a alcanzar montos que oscilan entre los tres mil hasta los 25 mil dólares. La situación afecta a cerca de 100 mil venezolanos.
El abogado Castillo advirtió que la desregularización por vencimiento de la residencia conlleva a un problema que además atenta contra la seguridad y el orden interno del Perú, así como también interfiere en la posibilidad de poder avanzar en el proceso de inclusión económica en el país.
También recordó que entre el gran número de afectados por el cobro de multas se encuentran profesionales de la salud, emprendedores y población vulnerable como son: adultos mayores con distintas patologías junto con niños, niñas y adolescentes.
“El recurso busca la exoneración masiva, la protección constitucional y paralizar el cobro de las multas porque afecta derechos fundamentales de los extranjeros”, añadió el abogado.”
Esta situación ha hecho reflexionar a Edith Arango, Mireya Aguilar y a los tantos miles de venezolanos e inmigrantes ante su situación y ante la enorme posibilidad de tener que abandonar el país.
“No estoy preparada para dejar Perú. Mi hijo estudia aquí”, dijo Edith.
Mientras que Mireya, asegura: “No sé qué hacer. Hui de Venezuela porque si apenas podíamos comer”. A pesar de que Mireya y su esposo trabajaban nada alcanzaba.
Si el Estado niega la condonación de la multa, se puede emitir una orden de salida obligatoria y se le concedería un plazo de 15 días calendarios para abandonar el territorio nacional, de acuerdo con la ley.
Crónica.Uno consultó con un experto en la línea de investigación de Migrantes y Refugiados de la Universidad Nacional Católica Andrés Bello (UCAB) para conocer un poco sobre el tema de las bases impositivas a los inmigrantes.
Ligia Bolívar, socióloga y especialista en Derechos Humanos egresada de la Universidad Central de Venezuela, explica que las multas son unas sanciones administrativas que se imponen en determinadas circunstancias a la población migrante.
Zulia / La Verdad
