El Sector Nacional de justicia del Frente Amplio de Profesionales (FAP) califica como “írrita e inconstitucional” la reforma de Ley de Registros y Notarías, que eleva el monto de los aranceles para trámites legales de manera exorbitante al anclarlos al valor del Petro, sumado a que le vulnera al gremio de abogados el derecho al trabajo contemplado en el artículo 87 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Luisana Trías, coordinadora del FAP sector Justicia en Anzoátegui, señaló que la imposición de la unidad de cobro no sólo privará a los venezolanos de hacer sus registros legales, sino que también pretende desarticular al gremio de abogados porque cercenará la posibilidad de optar a la asesoría y el apoyo de los profesionales de libre ejercicio a quienes deben pagarles honorarios, los cuales también deberán ajustarse. “Los abogados prácticamente quedarán por fuera porque el cliente querrá ahorrarse ese dinero", consideró.
De igual manera, el Frente Amplio de Profesionales señala que el anclaje al Petro influirá “descaradamente” en la hiperinflación que azota al país mientras que los salarios alcanzan los niveles de una población en pobreza extrema.
“La aplicación de la nueva Ley de Registros y Notarías traería beneficios de enriquecimiento ilícito y usura para el Estado, ya que con esos cobros excesivos se pretende desangrar a la sociedad venezolana que devenga salarios de pobreza extrema y estaría causándole un empobrecimiento aún mayor al gremio de abogados y a la colectividad en general, con lo cual el único beneficiado con esa norma inconstitucional es el Estado”, agrega el pronunciamiento oficial.
En ese sentido, instan a todos los gremios a rechazar la implementación de la norma y defender la Constitución y las demás leyes para que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se pronuncie en virtud de que se está afectando los intereses de la colectividad en general, pues no solo es inconstitucional sino que viola los Derechos Humanos.
La reforma de Ley de Registros y Notarías se publicó el 16 de diciembre de 2021, en la Gaceta Oficial Extraordinaria N°6.668 y de inmediato fue rechazada por diversos sectores del país, incluyendo al Colegio de Abogados en el estado Anzoátegui.
Barcelona / Milena Pérez
