La opacidad de la que se vale el Gobierno para manejar los recursos a total discrecionalidad ha sido validada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al permitir que el Ejecutivo se tome la potestad de no acudir a la Asamblea Nacional (AN) a presentar y someter a discusión el presupuesto de la nación tanto de 2017 como de 2018. De este último trascendió que en términos reales se desplomó 72 % en el primer semestre del año.
Así lo señala la organización Transparencia Venezuela, la cual reportó haber tenido acceso al documento que no ha sido publicado en Gaceta Oficial. Precisa en un informe que luego de revisar y procesar los datos, los contrastó “con los créditos adicionales y la inflación registrada este año, y se evidenció una vez más la desigualdad que predomina en la ejecución del gasto público”.
En ese sentido, apunta que en el primer semestre de 2018 el gobierno aprobó créditos adicionales por 433.823.697 millones de bolívares fuertes, que sumados a los 36.102.059 millones del presupuesto inicial, elevaron el gasto del país a 469.925.756 millones.
Acota que si bien la cifra representa un aumento nominal de 1.201% en comparación con 2017, en términos reales, es decir descontado el efecto de la inflación, el gasto público tuvo una caída de 72 %.
Reporte
Hasta junio, la AN reportó que el avance de precios ese mes cerró en 128,4 %, mientras que el alza acumulada del primer semestre sumó 4.684,3%.
Esta escalada fue la que pulverizó los ingresos del Estado, que si bien crecieron considerablemente de manera nominal, al restarle el impacto de la inflación, su poder de pago disminuyó más de 70%.
Caracas / Andreína Vargas
