Más de 26.000 funcionarios han sido investigados en los últimos 5 años en Perú por una presunta responsabilidad administrativa, 3.600 de los cuales fueron sancionados con la suspensión o inhabilitación temporal para trabajar en el Estado, informaron hoy fuentes oficiales.
La Contraloría General precisó que se investigó a un total de 26.868 funcionarios y servidores públicos y que los sancionados, en primera instancia, fueron 3.671, según indicó la agencia oficial Andina.
De los sancionados, el 53% aceptó su castigo durante el proceso de investigación o este fue ratificado en última instancia por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA).
Las regiones que concentraron el mayor número de funcionarios y servidores con sanción fueron Lima (373 casos), la sureña Arequipa (236), la norteña Cajamarca (149) y la también sureña Tacna (101).
La información oficial agregó que el 39% de los sancionados en primera instancia se encuentra en proceso de apelación ante el TSRA (1.457 personas) y el 8% restante (284) logró que ese tribunal desestime la sanción impuesta.
Andina señaló que las cifras ofrecidas comprenden el periodo de diciembre de 2012 a diciembre de 2017 y recordó que la Contraloría tiene facultades para sancionar a los funcionarios y servidores públicos que cometan faltas administrativas graves o muy graves.
Ley en puertas
El nuevo presidente de Perú, Martín Vizcarra, participó este martes en la promulgación de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de la Contraloría, en una ceremonia que se celebró en el Palacio de Gobierno para mostrar "simbólicamente" el compromiso de su gestión en la lucha contra la corrupción, según dijo.
Esta normativa había sido devuelta al Congreso por el Ejecutivo que presidió Pedro Pablo Kuczynski, quien renunció en medio de una crisis política, pero fue ratificada por el Legislativo el pasado 8 de marzo mediante el "mecanismo de la insistencia".
Sin embargo, en los últimos días ha sido criticada por un sector de la oposición porque ratifica las labores de supervisión y sanción de la Contraloría en todos los organismos del Estado, menos en el Congreso, que designará directamente a sus fiscalizadores.
Al respecto, legisladores como el izquierdista Alberto Quintanilla y el centrista Yonhy Lescano han informado que presentarán un pedido para que se corrija esa decisión y la Contraloría también intervenga en el nombramiento del jefe del sistema de control del Parlamento.
Lima / Agencia
