La difusión de un video en el cual dos adultos y un adolescente golpean, amordazan e insultan a un muchacho de 14 años que entró de manera ilegal a la tienda-residencia de la familia, en El Morro de Puerto Santo, municipio Arismendi del estado Sucre, trajo consigo repercusiones dentro de la comunidad, que celebró una asamblea para pedir “justicia”, para los detenidos, a quienes consideran agraviados por la conducta del presunto delincuente juvenil, que habría ingresado en la vivienda con la intención de robar.
Durante la asamblea, varios vecinos acusaron a un sector de los residentes de apoyar al muchacho, por tratarse de personas que compran objetos robados por éste.
Igualmente, el prefecto de la localidad, en su intervención señaló que el caso de los detenidos Marisol Farías (59), Jesús Nicolás Carreño (63) y un adolescente de 16 años, traduce una injusticia, porque el azote es el muchacho de 14 años.
El funcionario refirió que el joven ha robado en la prefectura, el liceo, la escuela y considera que la comunidad está harta de este tipo de hechos.
Los concurrentes a la asamblea pidieron que el adolescente “sea juzgado” por sus delitos y que se libere a los detenidos por la golpiza y posterior difusión del video.
Sin embargo, el caso pone en el tapete una serie de consideraciones de tipo legal e incluso, moral, porque se trata a todas vistas de una toma de justicia por parte de las personas que capturaron al muchacho, que en vez de entregarlo enseguida a las autoridades, lo amarraron y le dieron una golpiza. No conforme con esto, difundieron videos donde se evidencia el hecho.
Leonel Pastrano, presidente del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Bermúdez, y quien también se desempeña como jefe del Centro Socioeducativo “Agustín Ortiz Rodríguez”, que acoge a los muchachos infractores de la ley en la zona de Paria, informó que en efecto el joven ingresó muy golpeado a la institución, donde no se le quería recibir en esas condiciones, lo que al final aceptaron por la intermediación de la juez del caso, quien se comprometió a la realización de un examen médico-forense.
El funcionario admitió que el joven ha estado recluido en múltiples oportunidades en el centro socioeducativo, por la comisión de delitos y ha sido procesado, pero sus antecedentes, dijo, no lo privan de sus derechos humanos.
“Si una persona comete delitos para eso están las instituciones del Estado, para eso está la Fiscalía, los tribunales, la policía, para aprehenderlo y procesarlo. Pero una comunidad, por más legítima que sea su molestia, su rabia; una familia, por más legítima que sea su rabia, no puede tomar la justicia por su mano”.
En este sentido, Pastrano destacó que se estaría violentando el Estado de Derecho y el ordenamiento jurídico. “No estamos en un estado de anarquía, donde el linchamiento o la ejecución es legal. En Venezuela hay instituciones que procesan al menor de edad, en este caso este joven y obviamente por su edad pasa a un correccional”.
Destacó que el muchacho golpeado ha ido preso en varias ocasiones y ha pagado por sus delitos, y recordó que por su condición de menor, está sujeto a lo que establecen las leyes en esta materia. Por esta razón, criticó la posición del prefecto de El Morro, en su condición de funcionario público debe actuar como garante de la ley en la comunidad. “Tomar la justicia en sus manos, es ilegal aquí y donde sea”.
Sugirió a la comunidad organizarse, levantar actas y ante la reincidencia del joven en la comisión de delitos, declararlo “persona no grata” en el sector, al igual que a sus representantes legales, para que no afecte más a los habitantes de la zona.
Recordó que el ordenamiento legal venezolano se encarga de procesar, y se paga en función de la naturaleza del delito. “Este muchacho debería estar en un proceso de reinserción social. Lamentablemente, el adolescente no lo ha asumido. Pero nadie puede tomar la justicia por su mano, eso no es permitido. En Venezuela, la ejecución colectiva, la ejecución comunitaria no existe, ni está legalizada”.
Recalcó que el adolescente está detenido en el centro socioeducativo y ya queda de parte de los tribunales que se le procese por el delito que cometió.
Paria/ Cecilia Lárez
