Profesionales adscritos a la Caja de Ahorro y Previsión Social de los Trabajadores del Ejecutivo del estado Anzoátegui (Capsteea) exigen el desalojo de los ciudadanos que, desde julio, habitan arbitrariamente en el conjunto residencial perteneciente a ellos.
Elías Contreras, analista de presupuesto de la gobernación, explicó a El Tiempo, que las viviendas pertenecen a los asociados, quienes, desde 2006 y con una contribución mensual de 10% de la entidad de crédito, iniciaron la construcción del complejo habitacional.
Añadió que 110 familias estimaban ocuparlas este mes, pues para entonces ya los servicios básicos estarían instalados y tendrían el permiso de habitabilidad.
Robinson Guaimare, tesorero de la Caja de Ahorro, explicó que la Fiscalía VI del Ministerio Público (MP) dictó una orden de aprehensión por invasión y agavillamiento, con la cual se logró la detención de ocho personas. Todo esto luego de que la jueza María Teresa Velásquez no ejecutara la medida innominada de desalojo por invasión emitida inicialmente por el ente.
‘’Existe una incongruencia en los tribunales, pues la jueza les está dando trato de inquilinos a los invasores’’, añadió.
Inspección frustrada
La presidenta encargada del Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) en la entidad, Maira Marín, expuso que a mediados de noviembre realizaron una inspección en el conjunto residencial, en compañía de la defensora del Pueblo, Liliana González; la fiscal Sexta del MP, Alejandra Álvarez; funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Policía del estado (Polianzoátegui). Sin embargo, aclaró que no pudieron ingresar, pues no contaban con una orden de allanamiento.
Agregó que los ocupantes instalaron ilegalmente conexiones de agua y electricidad, por lo cual exhortó a las autoridades a agotar los procedimientos legales para expulsar a los usurpadores y devolver a los trabajadores del estado lo que construyeron con esfuerzo.
Barcelona / María Fernanda Pereira-Pasante USM
