El presidente de la Asociación de Trabajadores Jubilados de las Salinas de Araya, Aníbal Núñez, dijo que el logro de los beneficios para el sector, ha debido hacerse mediantes protestas y tomas de los portones de la empresa, ante la negativa de las autoridades y de la actual operadora del complejo, a reconocer beneficios establecidos en acuerdos y contratos.
Entre los más resaltantes está el de la homologación y los pasivos, que lograron luego de una toma de unos 20 días de los portones, que cancelaron 83%.
Núñez afirmó que no hay un reconocimiento de los derechos de este sector, que son adultos mayores con necesidades especiales y se da el caso, por ejemplo, del beneficio alimentario a través de una bolsa, que lleva un atraso de seis meses en la entrega.
Incluyó en los logros de la asociación, la apertura del consultorio médico José Gregorio Hernández, que debía funcionar con especialistas que iban a aportar las autoridades, algo que no ocurrió.
Reclamó una vez más el incumplimiento del acta convenio firmada con la gobernación y que aún está en manos del gobernador. “La homologación salarial es un punto de honor de los jubilados, y que aún está en la mesa”.
El dirigente gremial dijo que tras la última protesta, las autoridades se comprometieron a resolver antes del 30 de diciembre el tema de la homologación, las utilidades de 2022, el pago de los pasivos laborales a los familiares de 12 fallecidos, el beneficio de alimentación del cual deben seis bolsas de comida.
Agregó que se incumple el beneficio médico y tampoco está activo el fondo de montepío ni un fondo de 4% que ya estaba decidido.
“El gran dolor que tenemos es el fallecimiento de muchos adultos mayores, 37 en total, muchos de ellos sin recibir a tiempo sus medicinas, sus tratamientos, como habíamos quedado. También podemos reportar muertes por desnutrición severa, situación grave porque se violan derechos fundamentales como el de la vida, la salud y el derecho a la alimentación”.
Consideró que debido a sus actuaciones, el gobernador debe destituir a Derbis Graterol, presidente de Corposucre, acción que piensan solicitar a nivel nacional. “Nosotros lo hemos decretado persona no grata y estamos recogiendo firmas, las 250 firmas de los jubilados, más sus familiares para pedir la definitiva destitución de este funcionario que no soluciona nada”.
Sucre/ Yumelys Díaz
