El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) informó que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes anuló este viernes, 23 de enero, la sentencia que condenaba a 15 años de prisión al estudiante de Comunicación Social, Juan Francisco Alvarado, quien fue detenido en marzo de 2025 y acusado por el delito de incitación al odio.
"Pese a la decisión judicial, Alvarado continúa privado de libertad en el Comando de la Guardia Nacional del Cepella, en Guanare, estado Portuguesa. Familiares y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, exigimos su liberación inmediata, al considerar que su detención carece de sustento legal", dijo el SNTP en su cuenta de X.
De acuerdo con la organización gremial, la decisión fue emitida por la Corte de Apelaciones, presidida por el juez Luis Enríquez Yépez Silva, la cual anuló la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio N.º 5 del estado Cojedes, a cargo de la jueza Yolanda Barajas. Asimismo, la Corte ordenó el reinicio del juicio oral y público, garantizando el cumplimiento de las garantías procesales establecidas en la ley, y dispuso que la nueva fase de juicio sea conocida por un tribunal y un juez distintos.
Añadió que el pasado 25 de noviembre, la defensa de Alvarado interpuso un recurso de apelación en el que denunció la violación del principio de inmediación, el cual exige la presencia física y continua del juez durante las audiencias para asegurar una valoración directa de las pruebas y el respeto al derecho a la defensa. Los abogados también argumentaron que no se logró demostrar el delito imputado.
Durante la audiencia de apelación, la Corte falló a favor del estudiante al constatar que el perito experto que compareció en el juicio declaró que no encontró pruebas en las redes sociales de Alvarado que sustentaran el delito de incitación al odio, según explicó la defensa.
Cabe señalar que, según lo expuesto por el Sindicato, el único testigo promovido por la parte acusadora no compareció al juicio, por lo que Alvarado fue condenado sin testigos presenciales. "La acusación se basó únicamente en la declaración del funcionario actuante de la DAET-PNB, la cual —según la defensa— constituye un indicio y no una prueba suficiente para sustentar una condena penal.
Juan Francisco Alvarado fue detenido el 20 de marzo de 2025, cuando regresaba en una unidad de transporte público desde el estado Lara hacia Apartadero, municipio Anzoátegui del estado Cojedes, donde reside con su familia. Había viajado para acompañar a una tía con problemas de salud".
La detención del joven ocurrió en el punto de control La Cascada, ubicado en la autopista José Antonio Páez, a la altura del municipio Agua Blanca, estado Portuguesa. Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana solicitaron la identificación a los pasajeros y, tras verificar los datos de Alvarado, lo bajaron del autobús e informaron que existía una orden de aprehensión en su contra, emitida por la Fiscalía Décima del Ministerio Público del estado Cojedes, identificada con el número MP-3487-2025, de fecha 9 de enero de 2025.
La investigación en su contra se originó a partir de denuncias realizadas por Alvarado en sus redes sociales y a través de la aplicación VenApp, en las que alertaba sobre el desbordamiento de aguas negras en su comunidad y la falta de reparación de transformadores eléctricos. Por estos señalamientos, el Estado venezolano lo acusó de promover una rebelión, lo procesó por incitación al odio —tipificada en el artículo 20 de la Ley contra el Odio— y lo condenó a 15 años de prisión, recordtó el SNTP.
"Aunque todo el proceso judicial se llevó a cabo en el estado Cojedes, Juan Francisco Alvarado siempre ha permanecido detenido en Portuguesa, sin ser trasladado a la jurisdicción donde se desarrollaron las audiencias, situación que ha sido cuestionada por su defensa y por organizaciones que documentan violaciones al debido proceso en Venezuela".
Caracas / Redacción web
