Seis sindicatos de trabajadores adscritos a la Gobernación del estado Anzoátegui se pronunciaron, este miércoles 9 de marzo, en rechazo al “paralelismo sindical" que se levantó en la entidad para reclamar los derechos de los empleados públicos ante la nueva gestión gubernamental.
Manifestaron que estas nuevas organizaciones no representan a los dependientes del Ejecutivo estadal porque no han sido parte de las luchas que han emprendido desde hace años.
El presidente de la Unión Regional de Empleados Públicos (Urepanz), José Hurtado, denunció que una delegación de voceros afiliados a la Federación de Trabajadores del estado Anzoátegui (Fetranzoátegui) habían “usurpado" las funciones de reclamo que les competían a las asociaciones afiliadas a la casa de gobierno. En este sentido, sostuvo que el martes aclararon el punto con el gobernador y que empezarán a asumir la mesa de diálogo en base a los beneficios que requieren.
Hurtado acotó que los gremios que estarán al frente de la defensa de los empleados públicos serán la Federación de Trabajadores de la Educación de Venezuela (Fenatev), Sindicato Único de Maestros (Suma), Sindicato Único de Trabajadores de Anzoátegui (Sutdea), Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Anzoátegui (Sttea), Sindicato Venezolano de Maestros (Sinvema) y Urepanz.
Edgar Pérez, secretario general de Sttea, condenó que Fetranzoátegui, de la mano de su presidente Tito Barrero, iniciara debates con el patrono (gobernación) ,“invadiendo" la representación sindical.
Aseveró que las asociaciones que participaron en las primeras mesas de diálogo con el gobierno local “son de maletín para hacer función sindical porque no son signatarios de ningún contrato colectivo firmado con el magisterio”.
Resaltó que ello sólo le compete a los cuatro gremios mencionados anteriormente, que son los reconocidos ante la Inspectoría del Trabajo.
Los presidentes Ángel Rodríguez, de Fenatev, y Maira Marín, de Sinvema, rechazaron la actitud de Fetranzoátegui, al consignar documentos petitorios sin consultar a los directivos legítimos de las organizaciones que representan a los distintos sectores, una situación que calificaron de “piratería”.
Barcelona / Milena Pérez
