Un nuevo informe presentado por la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac): Huellas de la movilidad venezolana: Análisis y documentación del derecho a la identidad y a la participación de las personas venezolanas migrantes y refugiadas, examinó dos derechos de las personas venezolanas en movilidad: el derecho a la identidad y a la participación política, expresados en el acceso a documentos de identificación personal y la posibilidad de ejercer el voto.
Entre los hallazgos de esta investigación encontraron que existen diversos obstáculos que impiden el pleno acceso a los derechos a la identidad y a la participación política desde el exterior, como el alto costo del trámite de pasaportes; los largos tiempos de espera para obtenerlos; la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad desde las oficinas consulares; el rompimiento de relaciones diplomáticas con algunos países; y la normativa restrictiva sobre las condiciones para inscribirse en el Registro Electoral Permanente (REP) en consulados.
Además, a esto se le suma el nuevo mecanismo de cedulación puesto en práctica por el Servicio Administrativo de Identificación Migración y Extranjería (Saime).
«Existe una relación intrínseca entre el derecho a la identidad, específicamente en su esfera relacionada con el derecho a acceder a documentos de identificación, y la posibilidad de acceder a mecanismos de regularización migratoria». Por otra parte, destaca que la presencia de un consulado de Venezuela no garantiza que las personas puedan efectivamente hacer sus trámites.
«El 100% de los consulados visitados no tiene abierta la posibilidad de registro para los venezolanos. Esto en si viola el derecho a la participación política y se configura en el principal obstáculo actualmente para el ejercicio del derecho a la participación».
La Redac nació en Venezuela por el impulso de la organización de Derechos Humanos, Centro de Justicia y Paz (Cepaz) en el 2015. El documento presentado por esta plataforma demostró que las personas venezolanas migrantes y refugiadas enfrentan numerosas barreras para el ejercicio de los derechos a la identidad y a la participación política. Los países consultados fueron: España, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, México, Panamá, Argentina, Perú y Chile.
Caracas / TalCual
