El doble terremoto que sacudió el Litoral Central el pasado 24 de junio de 2026 dejó al descubierto una tragedia que se venía gestando desde hace más de una década. Una investigación de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) revela que el sueño de la vivienda propia se convirtió en una trampa mortal para miles de familias en los urbanismos construidos por la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE). De las 43 torres levantadas por el Estado, 16 se desplomaron totalmente y el resto han sido declaradas inhabitables, afectando a un total de 3.637 apartamentos.
El reportaje «Radiografía de las OPPPE de La Guaira» enumera las irregularidades identificadas en las 43 moles de 12 pisos y 3.637 apartamentos repartidos en 43 torres: 16, equivalente al 37 % del total, se desplomaron por completo.
La evaluación técnica realizada por expertos junto a la ARI detectó fallas estructurales graves que comprometieron la estabilidad de los edificios. Entre los hallazgos más alarmantes se encuentran columnas fuera de norma, con amarres de acero doblados a 90 grados en lugar de los 135 exigidos para garantizar sismorresistencia. Además, se confirmó el uso inadecuado de poliestireno expandido, conocido como "anime", que al no estar correctamente sellado favoreció filtraciones crónicas y humedad que debilitaron las estructuras de forma silenciosa durante años.
La ubicación de estos complejos habitacionales también es parte del cuestionamiento, ya que varios se construyeron sobre terrenos originalmente zonificados para uso recreativo y turístico, no residencial. Investigaciones de campo sugieren que en zonas como Playa Grande y Caraballeda pudo ocurrir un fenómeno de licuación de suelos, donde el terreno pierde su capacidad de soporte ante movimientos sísmicos intensos. Fuentes que trabajaron en la extinta OPPPE confirmaron que los estudios de suelo no siempre cubrían la totalidad del área de construcción, dejando al azar la estabilidad de las pesadas moles de 12 pisos.
Para los habitantes, el desastre no fue una sorpresa sino el desenlace de una década de denuncias desatendidas. Desde el año 2014, los residentes reportaron filtraciones, colapsos de tuberías de aguas negras y deterioro de la mampostería. Sin embargo, la respuesta institucional fue a menudo el silencio o la coacción, tildando de "malagradecidos" a quienes señalaban las fallas en las viviendas entregadas bajo el estandarte de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Las vías de escape también resultaron ser insuficientes, con escaleras que colapsaron parcialmente y salidas de emergencia que se encontraban bloqueadas al momento del sismo.
La crisis de los servicios públicos agravó la vulnerabilidad de los edificios. Al no funcionar nunca el sistema de gas centralizado, las familias dependían de bombonas individuales que, tras el derrumbe, provocaron explosiones e incendios que dificultaron los rescates. Asimismo, la irregularidad en el suministro de agua obligó a los vecinos a instalar tanques de almacenamiento masivo en los apartamentos, añadiendo un sobrepeso no previsto en el diseño original de unas estructuras que ya estaban "sentidas" por el deterioro.
Este reportaje especial de la Alianza Rebelde Investiga profundiza en las responsabilidades detrás de estas edificaciones que, lejos de ofrecer seguridad, terminaron multiplicando el número de damnificados en el estado La Guaira.
La Guaira / ARI
