Panfletos contra la visita del papa Francisco a la conflictiva zona indígena de La Araucanía aparecieron el viernes tras un nuevo ataque incendiario que destruyó un autobús del transporte público, informó la policía de Chile.
El atentado se registró en la zona de Pidima, 600 kilómetros al sur de Santiago, y los autores -que estaban encapuchados- lograron huir de la policía.
“Fuego a las iglesias. No eres bienvenido en La Araucanía papa Francisco”, se lee en los manuscritos que aparecieron en el lugar junto con otros en los que se exige la libertad de mapuches acusados de diversos ataques en la zona.
El papa visitará el 17 de enero Temuco, 700 kilómetros al sur de Santiago, donde realizará una misa masiva en una base aérea y después se acercará al área urbana.
En La Araucanía reside la mayor proporción de los 700.000 mapuches -sobre una población total de 17,3 millones de personas-.
En su mayoría viven en la pobreza organizados en unas 2.000 comunidades que han recibido pequeñas porciones de terreno. Pero unos 200 grupos reclaman recuperar las que consideran sus tierras ancestrales.
Los mapuches descontentos con la política oficial indígena, que consiste básicamente en la entrega de pequeños terrenos a comunidades integradas por familias, realizan a menudo atentados incendiarios, principalmente contra camiones de empresas forestales.
A fines de agosto, en un solo ataque, destruyeron 29 camiones.
Hasta octubre cuatro mapuches llevaron adelante una huelga de hambre para exigir el fin de un arresto preventivo de 15 meses mientras se preparaban para ser procesados bajo la ley antiterrorista, que endurece gravemente las penas.
El 19 de octubre la Corte Suprema ordenó liberar a ocho dirigentes mapuches acusados de asociación ilícita terrorista quienes, según la policía, preparaban actos violentos.
Las pruebas presentadas por la fiscalía fueron mensajes de Whatsapp en los que supuestamente aludían a ataques y dinero recibido.
Los indígenas más combativos obtuvieron otro triunfo el 25 de octubre cuando un tribunal oral absolvió a los 11 acusados de la muerte de un matrimonio, quemado vivo en el interior de su hogar, en enero de 2013.
Los jueces estimaron que las pruebas presentadas por la fiscalía no eran contundentes.
