Organizaciones No Gubernamentales (ONG), y grupos sociales y comunitarios se pronunciaron este lunes para rechazar la imputación hecha por parte del Ministerio Público contra la integrante del colectivo de derechos humanos, Surgentes, Martha Lía Grajales.
La activista fue acusada por los delitos de “incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación para delinquir”.
Grajales fue detenida por cuerpos de seguridad del Estado la tarde del viernes 8 de agosto, cuando se encontraba en la urbanización Los Palos Grandes, luego de participar en un acto de solidaridad con el Comité de Madres en Defensa de la Verdad.
La también abogada, vinculada con agrupaciones chavistas, se mantuvo activa la semana pasada denunciando los ataques que habrían sufrido familiares de presos políticos frente a la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por parte de “colectivos paramilitares” en el centro de Caracas el martes 5.
La ONG Provea cuestionó que las autoridades no hayan suministrado información sobre el sitio y condiciones de reclusión de Grajales luego de 72 horas, además que le fuera negado el derecho a comunicarse con sus familiares y ser asistida por un abogado de confianza, según contempla el artículo 44 de la Constitución.
“La escasa información suministrada por el Ministerio Público a través de su cuenta en Instagram, se produce después de las insistentes denuncias de sus familiares, activistas y ONG sobre la desaparición forzada de Grajales, la negativa de los tribunales de Caracas a recibir un (recurso de) hábeas corpus a su favor y tras el pronunciamiento del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH., Volker Türk, quien este lunes pidió la liberación de la activista”, señaló Provea a través de sus redes sociales.
El esposo de Grajales, Antonio González, apuntó ayer que el sitio de reclusión de la activista es la Dirección de Investigaciones Penales de la Policía Nacional Bolivariana en Maripérez, en el centro capitalino, lugar al que había acudido cuatro veces, sin que se le permitiera el ingreso.
“Además de las irregularidades y violaciones al debido proceso admitidas por el Ministerio Público, la investigación, aprehensión e imputación de Grajales se produjeron de manera exprés (…) Grajales fue víctima, junto a un numeroso grupo de madres de presos políticos, de amenazas, agresiones físicas y robo, cometidas por ‘colectivos’ paramilitares el pasado 05 de agosto”, puntualizó Provea a la par que solicitó su excarcelación.
Sectores gubernamentales, a través de la redes, justificaron la aprehensión de Grajales señalando una presunta “infiltración de factores de derecha en movimientos de izquierda”.
No obstante, un conjunto de militantes de organizaciones comunitarias vinculadas con el chavismo se congregaron en la urbanización Kaikaishi de La Vega para exigir la liberación de Grajales, a quien calificaron como una “revolucionaria defensora de los derechos de los pobres”.
Gerogina Castillo, integrante del Comité por los Derechos del Pueblo de La Vega, advirtió que Grajales ha trabajado “por muchos años para que no se criminalice la pobreza” en esta zona capitalina.
Relató que la abogada habría ayudado a la liberación de 19 jóvenes que fueron “privados injustamente de libertad” en 2023 en medio de operativos contra la delincuencia.
“Pedimos a las autoridades competentes que liberen de inmediato a nuestra compañera. No pretendemos entorpecer ningún proceso investigativo (…) Sabemos que el proceso revolucionario ha sido bien golpeado y atacado por un imperio genocida que nos ha saboteado con sus ‘lacayos vende patria’, pero nada tiene que ver con ella (Grajales). El comité de militantes comuneros le pedimos a las autoridades que estudien bien el caso de nuestra hermana”, dijo Castillo al leer un comunicado que fue respaldado por otras organizaciones.
Redacción web / Caracas
