El director del Programa Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, rechazó el nuevo paso que dio el gobierno de Nicolás Maduro para perseguir a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
“El gobierno publicó en Gaceta Oficial una ‘Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo’, que coloca a las organizaciones sociales del país al borde de la ilegalización”, denunció Uzcátegui este miércoles 14 de abril.
El activista expresó que la normativa obliga a las organizaciones a entregar toda la información sobre sus actividades al Gobierno, incluyendo la lista de personas beneficiarias.
“Para una ONG de derechos humanos esto es muy grave, pues las coacciona para que digan los nombres y apellidos de las víctimas. Esta normativa tiene el objetivo de que las víctimas de violaciones de derechos humanos se inhiban de ir a una ONG, pues sus victimarios sabrían que está intentando denunciar y obtener justicia, con todas las represalias imaginables en un régimen no democrático”, subrayó Uzcátegui.
Para insistir en la gravedad de la nueva normativa, el coordinador de Provea dijo que esto es como pensar que Alberto Fujimori, cuando fue presidente de Perú, hubiera obligado a las ONG del Perú a informar sobre los datos de los familiares de La Cantuta o Barrios Altos, los cuales denunciaban al Estado.
Caracas / Sofía Nederr
