Tras casi cuatro meses de las elecciones presidenciales, el gobierno de Nicolás Maduro se prepara para asumir un nuevo período el 10 de enero; mientras la oposición democrática maniobra sobre su objetivo de juramentar a Edmundo González Urrutia, exiliado en España desde el 8 de septiembre, y el CNE no ha publicado los resultados disgregados.
En ese contexto, desde la comunidad internacional insisten en la exigencia de transparencia electoral y se registran pasos concretos que apuntan a una fase de presión externa.
El 19 de noviembre, el Gobierno de Joe Biden reconoció a Edmundo González Urrutia como presidente electo. La posición significa un giro oficial en la política de Estados Unidos y se produjo a dos meses del inicio de la nueva gestión del republicano Donald Trump.
“El pueblo venezolano habló rotundamente el 28 de julio e hizo presidente electo a Edmundo González. La democracia exige respeto a la voluntad de los votantes”, publicó el secretario de Estado, Antony Blinken, en la red social X.
The Venezuelan people spoke resoundingly on July 28 and made @EdmundoGU the president-elect. Democracy demands respect for the will of the voters.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 19, 2024
El canciller Yván Gil condenó las afirmaciones de Blinken en un comunicado: «Es un enemigo confeso de Venezuela, un secretario de Estado más, que se hundió, junto a sus marionetas, tratando de revertir la democracia».
Según Gil, González Urrutia está «apoyado por fascistas y terroristas subordinados a la maltrecha política estadounidense».
El gobierno de Nicolás Maduro fustigó al secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, tras el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Mariano de Alba, experto en derecho internacional y diplomacia, cree que el reconocimiento que hace EEUU de González Urrutia «es una medida que toma la administración del Partido Demócrata consciente que hubiese sido una de las primeras decisiones que probablemente hubiese tomado el gobierno de Donald Trump con Marco Rubio dirigiendo el Departamento de Estado».
A su juicio, la decisión estadounidense «también señaliza que no hay expectativas de una negociación en Venezuela o una resolución pronta del conflicto, por lo que algunos países van a tener que poner el énfasis en la presión internacional al gobierno de Maduro».
Para De Alba, el aval de EEUU al diplomático Edmundo González Urrutia tiene un impacto limitado debido al tiempo que ha transcurrido desde las presidenciales «y las implicaciones que tiene el hecho de que el señor González Urrutia no esté ya en el país. Al mismo tiempo, sigue reinando un clima de temor y expectativa en la mayoría de la sociedad venezolana».
Asimismo, el experto en derecho internacional y diplomacia, califica como errada la expectativa y dinámica de esperar que el 10 de enero «cambiarán sustancialmente las dinámicas internas y luego del 20 de enero cambiarán sustancialmente las dinámicas internacionales. Lo internacional es y será relevante e incidirá en las posibilidades de una resolución del conflicto, pero lo crucial sigue siendo lo que ocurra internamente».
En ese contexto, Mariano de Alba resalta que la atención y los esfuerzos deben centrarse en el escenario doméstico: «A pesar de la brutal represión, no hay alternativa que construir una mayor organización de la sociedad venezolana que quiere un cambio y definir como convencer a parte de los factores que siguen apoyando la estadía del gobierno de Nicolás Maduro del poder de que, para recuperar la economía, es necesario restituir las garantías democráticas».
Por su parte, el internacionalista Lauren Caballero, señala que a Trump «le viene como anillo al dedo» esta nueva configuración en Estados Unidos.
«Por el hecho de tener mayoría en prácticamente la estructura del Estado, Trump va a tener bastante margen de maniobra para aplicar su agenda en general y esto incluye la política exterior. Básicamente, con el reconocimiento de González Urrutia se allana el camino para que el nuevo Presidente tenga algunos elementos con los cuales actuar frente al gobierno de Venezuela», argumenta Caballero.
Añade que si se limitan las operaciones con Venezuela, el panorama se complicará para el gobierno y para los venezolanos con efecto negativo sobre la economía. En este sentido, el especialista explica que si se agravan las relaciones con EEUU, Venezuela va a tener más dificultades para obtener divisas y financiamiento, con efecto dominó sobre la gente de menos recursos.
El internacionalista sostiene que quizás podría reeditarse la situación vivida entre 2019 y 2020, con otras características: «Tal vez no con el reconocimiento de 60 países hacia el gobierno en el exilio, ni mucho menos, pero si un desconocimiento del gobierno actual y una restricción de muchas de las relaciones que ahora mismo se llevan a cabo, con relativa normalidad entre el Estado venezolano y otros Estados, con lo cual podría haber ruptura de relaciones diplomáticas e insulares, pero no sé si comerciales».
Por su parte, el politólogo Pablo Quintero señala que el Gobierno de Biden reconoce a González Urrutia porque perdió las elecciones presidenciales. «Si hubieran ganado, a lo mejor fuese otro asunto. Pero, como perdieron, a lo mejor necesitan un semblante quizás que apoye más a la oposición venezolana».
Señala que, además, en 2025 la administración Trump pudiera reclamar a los demócratas que dejaron enfriar la situación del caso venezolano.
Quintero refiere los efectos económicos de la posición de EEUU y de las iniciativas legislativas que se originan en ese país. De esa manera, sostiene, se generan obstáculos para transacciones financieras y comerciales, con las licencias y la venta de petróleo.
«Se empeora la política interna en Venezuela y también hay que ver qué es lo que va a pasar con Edmundo González Urrutia. Una cosa es que lo reconozcan como presidente electo, y otra muy distinta, es si él después del 10 de enero arma un gobierno», enfatiza Pablo Quintero.
Sostiene que el objetivo de la narrativa del gobierno de Maduro, tras el reconocimiento de EEUU a González Urrutia, «es mantener cohesionado el Ejército y el gobierno interno. Pero, esas reacciones no conmueven a la comunidad internacional que lo que espera es el material probatorio de la elección que son las actas».
La presión internacional se incrementa con pronunciamientos y decisiones desde varios ámbitos.
La Cámara de Representantes de EEUU aprobó, el 18 de noviembre, la Ley bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (Ley Bolívar), cuyo objetivo es complementar las sanciones existentes contra el gobierno. La ley prohibe “contratar a cualquier persona que tenga operaciones comerciales con el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro».
Uno de los promotores de la iniciativa es Mike Waltz, nominado por Trump como asesor de Seguridad Nacional para la próxima administración de Trump.
El diputado oficialista Rodolfo Sanz ha señalado que «el gobierno moribundo del presidente Joe Biden ha entrado en una fase de locura y, como el presidente Nicolás Maduro va a ser juramentado nuevamente el 10 de enero, en medio de esa locura vuelve a arremeter nuevamente contra Venezuela”.
La AN de 2020 aprobó, en segunda discusión, el Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela.
Sanz subrayó que EEUU “hace coincidir esta ley ignominiosa para incrementar las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela con el nombre, el apellido, de Simón Bolívar y teníamos que rechazar, pasar a la ofensiva”.
En la sesión del 21 de noviembre, la Asamblea Nacional (AN) de 2020 aprobó en primera discusión, el Proyecto de Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperial y por la defensa de Venezuela. Este proyecto plantea castigar directamente a funcionarios, dirigentes y ciudadanos que respalden o inciten, según los criterios del Estado, la aplicación de sanciones “contra el pueblo”.
“Cada vez que intenten agredir responderemos con una sonrisa pero con fiereza. No le vamos a permitir ni una más a esas ratas del imperio”, dijo el presidente de la AN, Jorge Rodríguez.
El Ministerio Público anunció, el viernes 22 de noviembre, que “abrirá una investigación” contra la líder opositoraMaría Corina Machado, por la presunta comisión del delito de traición a la patria, conspiración con países extranjeros, y asociación para delinquir.
Según se dijo, la investigación es motivada por el respaldo de Machado a la Ley Bolívar.
El 20 de noviembre, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, señaló: «Junto con la Unión Europea, trabajan por una transición democrática y pacífica en Venezuela para que la preferencia expresada por el pueblo venezolano por el presidente electo González Urrutia y sus legítimas aspiraciones de libertad y democracia se hagan finalmente realidad».
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, hizo lo propio el 21 de noviembre. En un conunicado, la Cancillería puntualizó: «El Ecuador, al igual que otros miembros de la comunidad internacional, realizó un llamado a la verificación imparcial y transparente de los resultados electorales, lo cual no ha sucedido”.
Ese mismo día, desde Chile, el presidente de Francia instó a detener la represión política del régimen de Nicolás Maduro. «Deben cesar las presiones, amenazas y detenciones a los opositores, que tienen que ser liberados», instó Enmamuel Macron.
Asimismo, Macron puntualizó: «En Caracas, estamos presentes con una posición clara: debe haber total transparencia con las elecciones presidenciales de julio pasado».
Dado el agravamiento de la crisis en el país, la Unión Europea (UE) indicó, el 18 de noviembre, que evaluará la imposición de nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro.
«No reconocemos su legitimidad y seguiremos apoyando al pueblo de Venezuela en su lucha democrática», sostuvo el Alto Representante para Política Exterior, Josep Borrell.
Sobre esto, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, ripostó: “Borrell, este año, si eligieran en el mundo al estúpido del año, con seguridad tú estarías entre los tres primeros, y cuidado si te lo ganas”.
Para el analista Mariano de Alba, el anuncio de la Unión Europea es relevante por cuanto se inscribe «en esta conclusión de actores internacionales de que, visto que no se acerca una resolución del conflicto, hay que optar nuevamente por medidas de presión internacional, aún conscientes de que no han sido efectivas en el pasado, pero han servido como herramientas de negociación».
Subraya que la UE no asumirá sanciones internacionales «que puedan impactar indirectamente y económicamente a la sociedad venezolana. Es un posicionamiento y diferenciación con respecto a lo que estiman que viene en términos de presión internacional estadounidense una vez que asuma el presidente Trump».
Por su parte, el presidente de Datanálisis, José Antonio Gil Yépes, señaló en la red social X el 21 de noviembre que «el problema con las sanciones es que ninguna sirve. Las económicas empobrecen al país y no cambian gobierno. Las personales obligan a los sancionados a atornillarse al país y al poder porque, si lo dejan, serían castigados».
El problema con las sanciones es que ninguna sirve. Las económicas empobrecen al país y no cambian gobierno. Las personales obligan a los sancionados a atornillarse al país y al poder porque, si lo dejan, serían castigados.
— José A. Gil Yepes (@joseagilyepes) November 21, 2024
«El mundo civilizado sabe que las elecciones presidenciales en Venezuela no fueron transparentes. Desde el punto de la capacidad de maniobra internacional, pone contra las cuerdas al gobierno venezolano. Eso no quiere decir que el gobierno de Maduro se encuentre en una situación de debilidad interna, por el contrario, pareciera estar en un proceso de consolidación de su modelo autoritario», sostiene el internacionalista Lauren Caballero».
Añade que las únicas amenazas podrían venir del exterior.
En la región, Brasil y Colombia han dejada clara su posición luego de resultar infructuosa la mediación con Maduro en aras de una verificación imparcial de los resultados del 28 de julio.
“Creo que fue un error las elecciones, miradas después, yo fui partidario de que se hicieran, pero no hay un voto libre si hay un bloqueo», señaló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, el 19 de noviembre.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sostuvo el 11 de noviembre: «Tenemos que tener mucho cuidado cuando lidiamos con otros países y otros presidentes. Yo creo que Maduro es un problema de Venezuela, no es un problema de Brasil”.
Caracas / Talcual
