136 días han pasado desde que la dirigente política y social del municipio Urdaneta en el estado Miranda, Mayra Alejandra Castro Duarte, fue detenida y recluida en los calabozos de la Policía Municipal de Urdaneta en Nueva Cúa.
Castro, quien fue arrestada en el contexto de las protestas poselectorales, escribió una carta que hizo llegar a sus familiares en donde expuso su delicado estado de salud.
“No merezco morir en prisión y mis hijos no merecen todo lo que están pasando”, expuso la mujer de 47 años.
Castro indicó que fue aprehendida de forma arbitraria y sin pruebas.
“No existe ni existirá ninguna prueba en mi contra, amo a mi país y no podría ser una terrorista, por lo que exijo mi libertad plena”, señaló Castro.
De acuerdo a familiares de Castro, los funcionarios presentaron como evidencias incriminatorias un listado con nombres de personas que militan en el partido Primero Justicia y un cuaderno con tres modelos de actas de los resultados electorales de las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional. Las actas eran usadas por Castro como guía para dictar los talleres a los testigos electorales que participaron en las elecciones del pasado 28 de julio.
Pese a no oponer resistencia a la detención, la dirigente fue acusada del delito de ultraje a funcionario, además, la imputaron por terrorismo e instigación al odio.
“Hago un llamado a la prensa, a la comunidad internacional, al cuerpo diplomático acreditado en Venezuela y al Nuncio Apostólico para que intercedan por mi justa libertad ante el fiscal general de la República”, indicó.
Allegados a Castro denunciaron que la presidenta de la organización Primero Justicia en el municipio Urdaneta duerme en el piso, en un espacio hacinado, húmedo, sin ventilación, sin servicio de agua potable y oscuro.
Debido a la falta de iluminación, Castro se lesionó un ojo y fue diagnosticada con epiescleritis, una inflamación membranosa situada en la porción anterior del globo ocular.
Igualmente padece migraña; gastritis crónica; edema en miembros inferiores; retención de líquido y bronquitis aguda.
“El 21 de noviembre me trasladaron a la medicatura forense con sede en Ocumare, donde se me realizó un reconocimiento médico que certifica mi delicado estado de salud; sin embargo, aún no recibo respuesta a mi solicitud de libertad, consignada por mis familiares, ante el Tribunal Segundo de Control del Área Metropolitana contra el Terrorismo, de fecha 18 de noviembre. Hago responsable de lo que me pueda suceder a todos los involucrados en mi injusta prisión”, sostuvo.
