La Organización No Gubernamental (ONG) venezolana SurGentes informó este sábado que acudió al Palacio de Justicia en Caracas para introducir un habeas corpus y conocer el paradero de su activista Martha Grajales, a quien denuncia como detenida el viernes por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y "subida a una camioneta gris sin placas", según testigos.
A través de X, la organización indicó que la Unidad de Recepción de Documentos del Palacio de Justicia recibió el habeas corpus, pero, agregó, "aún no le dan entrada formal" a este recurso.
SurGentes, que acudió en compañía de miembros de la ONG defensora de derechos humanos Provea, indicó que "la recepción de los habeas corpus debe ser inmediata".
En este sentido, Provea subrayó que este recurso "es una acción necesaria y urgente, especialmente ante detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas".
"La recepción y admisión de la acción de habeas corpus es un derecho consagrado en el artículo 27 de la Constitución nacional y en los artículos 2, 3 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo a la Libertad y Seguridad Personal", señaló Provea en su cuenta de X.
Asimismo, manifestó que las autoridades judiciales "están en la obligación de cumplir lo establecido en la Constitución y la ley y garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva".
Según varias ONG, Grajales fue detenida luego de participar en un "acto de desagravio" a las afueras de las oficinas de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes durante una vigilia en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Provea explicó que la activista fue una de las mujeres agredidas que esperaban una audiencia con la presidenta del TSJ, la chavista Caryslia Rodríguez, para pedir la revisión de casos de sus parientes, quienes fueron detenidos en el contexto de protestas tras las presidenciales de julio de 2024, cuando el ente electoral proclamó a Nicolás Maduro como mandatario reelecto.
Este sábado, la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) condenó lo que consideró una "escalada represiva" contra parientes de presos políticos en Venezuela e instó a la ONU a seguir "documentando y visibilizando" lo que "ocurre" en el país, y también a que exijan al Estado venezolano a poner fin a la "violencia institucional".
Caracas / EFE
