La ONG de Venezuela Comité por la Libertad de los Presos Políticos reportó este sábado la excarcelación de 60 "presos políticos" detenidos tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desataron protestas contra el resultado oficial que dio una cuestionada reelección a Nicolás Maduro.
A través de X, la organización detalló que del total de liberaciones -reportadas entre el viernes y este sábado, según familiares de los arrestados-, 37 corresponden a presos de la cárcel de Tocorón, 13 de Tocuyito y 10 de Las Crisálidas.
Según la ONG, en Tocorón y Tocuyito "están usando vehículos oficiales y ambulancias para sacar a escondidas a los presos políticos, principalmente de noche".
"Los dejan en terminales solo con lo que llevan puesto, y estos deben llamar a sus seres queridos para que los ayuden a regresar a sus ciudades de residencia", aseguró.
Este viernes, la Fiscalía anunció 200 nuevas excarcelaciones de personas detenidas tras las presidenciales, para un total de 733 liberaciones, concedidas tras la solicitud de revisión de estos casos a la Justicia.
Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos afirmó que "hay serias dudas con la cifra oficial", ya que -agregó- "no es la primera vez que se miente sobre la cantidad de excarcelados".
"Además, persiste la política de opacidad gubernamental al no ofrecerse información oportuna, pertinente, verificable de calidad y acceso libre desde las instituciones del Estado", indicó.
Asimismo, denunció que hay "prohibición" de grabar videos, dar declaraciones a la prensa y que los detenidos cuenten lo que vivieron dentro de la cárcel.
Aseguró que, además, "se coacciona a los liberados y a sus familiares", por eso -prosiguió- las organizaciones de la sociedad civil "encuentran dificultades para documentar la cantidad de excarcelaciones concretadas".
Las últimas liberaciones se han llevado a cabo en paralelo a nuevas detenciones, como las de cuatro miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; la del activista Luis Palocz, y la del dirigente campesino Carlos Azuaje.
Además, ONG, familiares y activistas denunciaron las tres muertes en prisión -una en noviembre y dos este mes- de detenidos en el contexto poselectoral, casos que la mayor coalición opositora -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pide sean documentados por la Corte Penal Internacional (CPI), que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país caribeño.
Caracas / EFE
