Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de derechos humanos exigieron conocer el paradero y las condiciones de integridad personal del politólogo y director del medio informativo digital, Punto de Corte, Nicmer Evans, luego de que este fuera desalojado de su casa y convocado a una “entrevista” por una supuesta comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
A la 1:40 pm de esta sábado 13, los presuntos funcionarios -sin identificarse-, se presentaron a las puertas del apartamento, ubicado en Caracas, donde Evans reside junto a su esposa e hijo, para proceder al traslado hasta un sitio que no fue revelado.
Evans de 50 años, quien también es disidente del chavismo y fundador del Movimiento por la Democracia y la Inclusión (MDI), aceptó “voluntariamente” el procedimiento, no sin antes grabar un video -publicado en la red social X-, donde dejaba constancia de la situación.
Hasta las primeras horas de la mañana de este domingo 14, aún se desconocía dónde y en qué condiciones se encontraba Evans tras su detención.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) condenó la “conducción arbitraria” de Evans bajo el argumento de una “supuesta entrevista”.
“Evans aceptó acudir y hasta (la noche del sábado) se encontraría en el Sebin, lo que genera una preocupación inmediata por su integridad personal y situación jurídica”, apuntó el Clippve a través de un comunicado en sus redes.
La organización advirtió que la utilización de “entrevistas” sin fundamento legal para trasladar a personas a sedes de cuerpos de inteligencia, “reaviva el riesgo de detención arbitraria y confirma un patrón de persecución política”.
El Clippve recordó que existen antecedentes de acciones de detención contra el director de Punto de Corte.
El 13 de julio de 2020, Evans fue aprehendido por funcionarios no identificados, “mantenido en régimen de incomunicación y presentado ante tribunales varios días después, en violación a las garantías el debido proceso”.
“En ese momento fue acusado de ‘apología del odio’ por mensajes difundidos en las redes sociales que presuntamente expresaban opiniones críticas al gobierno de Nicolás Maduro”.
El 31 de agosto de 2020, Evans fue beneficiado por un “indulto”, luego de permanecer bajo custodia de la Dgcim.
“Exigimos información inmediata y oficial sobre su situación, garantías plenas para su integridad personal y cese inmediato del hostigamiento contra Evans”, puntualizó la ONG.
Las ONG Provea informó que su equipo ha estado en “permanente comunicación con familiares y allegados de Evans para brindar el apoyo necesario”.
“Familiares, ONGs y movimientos sociales, exigen su liberación inmediata y afirman que en días previos habían recibido advertencias sobre una posible detención del activista (…) Recordemos que Nicmer Evans fue, en el pasado, preso político del actual gobierno y alertamos que su labor como director de un medio de comunicación debe ser respetada y garantizada”, acotó Provea por medio de un comunicado.
Justicia, Encuentro y Perdón señaló que al recibir Evans un indulto presidencial en 2020, la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado debería regirse por el respeto absoluto a los DD.HH., a las plenas garantías y estar enmarcadas en la transparencia.
“Desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos, toda citación o actuación estatal debe respetar el derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la integridad física y psicológica y a no ser sometido a intimidación o criminalización por el ejercicio del pensamiento crítico, el periodismo o la opinión política”, indicó la ONG.
La organización reiteró que la vigilancia, la citación o la detención de comunicadores, analistas y activistas por razones políticas o de opinión constituye una grave violación a los estándares democráticos.
Caracas / Rodolfo Baptista
