
Distintas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de defensa de Derechos Humanos, levantaron su voz para condenar la muerte del exgobernador del estado Nueva Esparta, Alfredo “Alfredito” Díaz.
Según el Ministerio de Servicios Penitenciarios, Díaz se encontraba preso en el El Helicoide (Sebin), especificamente en el Centro de Procesados, Penados y Anexo Femenino del Área Metropolitana de Caracas, y habría fallecido el sábado 6 de diciembre, producto de un infarto al miocardio.
Díaz fue detenido el 24 noviembre de 2024 por efectivos de seguridad en Ospino, estado Portuguesa, cuando viajaba por carretera. El también dirigente de Acción Democrática (AD) permaneció un año incomunicado, sin tener contacto con familiares ni allegados.
La organización Provea advirtió que las “muertes ocurridas bajo custodia del Estado, son responsabilidad del propio Estado”.
“Condenamos una nueva muerte bajo custodia del Estado de un preso político venezolano (…) Durante un año, Alfredo Díaz permaneció incomunicado, sin derecho a visita de familiares o abogados, en El Helicoide, una situación que se ha hecho recurrente para la mayoría de los presos políticos y que constituye una violación de las garantías para los derechos a la defensa y la integridad personal de los detenidos”, apuntó Provea a través de un comunicado.
La ONG dijo desconocer si Díaz "recibió atención médica oportuna antes de su muerte".
Según Provea, al menos seis muertes de presos políticos bajo custodia se han registrado entre agosto de 2024 y diciembre de 2025.
“Esta es una cifra alarmante que refleja las precarias condiciones de reclusión e los detenidos y revela el incumplimiento de las obligaciones estatales con los estándares internacionales de protección a los reclusos incluidas las Reglas Mandela de Naciones Unidas.
Investigación imparcial y transparente
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), apuntó que durante los más de 12 meses que Díaz permaneció privado de libertad “aislado e incomunicado”, los funcionarios encargados de su custodia “le negaron cualquier contacto con sus familiares alegando ‘órdenes superiores’, a pesar de que su familia viajaba regularmente desde Margarita con la esperanza de poder verlo nuevamente”.
“En ese período también murió su padre, y Alfredo no tuvo la oportunidad de despedirse de él”.
El Clippve señaló que, tras su detención en 2024, el exgobernador fue acusado “sin evidencias”, de incitación al odio y terrorismo. “Estos son los señalamientos que con frecuencia se utilizan en tribunales para justificar condenas máximas contra disidentes y voces opositoras”.
“Condenamos este desenlace funesto, en que el Estado venezolano tiene una responsabilidad innegable por haber mantenido a Alfredo Díaz en condiciones de incomunicación, aislamiento y desprotección”.
El Comité de Presos Políticos anunció que acompañará a la esposa y familiares de Díaz en la exigencia de una investigación “independiente, seria y transparente” que conduzca al esclarecimiento de los hechos y de los responsables, por acción u omisión.
Asímismo, la ONG hizo un llamado a la comunidad internacional a “condenar este hecho que se suma a las lamentables consecuencias de la más atroz arremetida de las fuerzas de seguridad del Estado contra la población”.
Sin atención médica
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón también se pronunció para manifestar su “profunda consternación” por la muerte de Díaz.
Recordó que las muertes bajo custodia del Estado “representan violaciones gravísimas a los derechos humanos, especialmente cuando existen denuncias de falta de atención médica, negligencia o impedimento para recibir tratamiento oportuno”.
“De acuerdo con los reportes recibidos, a Díaz se le habría negado atención médica adecuada, una práctica que organizaciones nacionales e internacionales han documentado con preocupación en numerosos casos de presos políticos en Venezuela. De confirmarse estas denuncias estaríamos ante una muerte prevenible y producto de una grave omisión del deber de protección” apuntó la ONG a través de sus redes sociales.
Subrayó Justicia Encuentro y Perdón que esta nueva muerte, en circunstancias que deben ser esclarecidas a través de una investigación independiente, incrementa “la alarma por la integridad de quienes permanecen detenidos en condiciones inhumanas”.
Redacción web / Caracas


