El 26 de agosto, Nélida Sánchez, miembro de la asociación civil Súmate y funcionaria de carrera jubilada del Consejo Nacional Electoral, fue detenida en Los Teques, estado Miranda. Este 14 de octubre cumplió 50 días detenida, mientras sus familiares y compañeros insisten en denunciar que no tienen acceso a su expediente ni a la defensa privada.
A través de X, Súmate recordó el artículo 49 de la Constitución y exigieron la liberación de su coordinadora.
“Nuestra coordinadora nacional de formación, Nélida Sánchez, hoy #14Oct cumple 50 días detenida sin cometer delito alguno. No ha tenido acceso al expediente de su caso, lo cual viola su derecho al debido proceso establecido en el Art. 49 de la Constitución #LibertadParaNelida”, escribieron en un mensaje.
“Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso”, afirma el artículo de 49 y de la Carta Magna.
Sánchez enfrenta cuatro cargos: asociación para delinquir, terrorismo, conspiración, incitación al odio y traición a la patria.
Cuando fue detenida, el 26 de agosto, la asociación civil sentenció: “Su paradero tras su detención se mantuvo desconocido, aunque su familia intentó obtener información por canales jurisdiccionales, las autoridades no daban cuenta de dónde estaba. Estuvo privada de escoger a un abogado de confianza, su proceso judicial ha estado signado por la falta de garantías constitucionales y legales básicas”.
Sánchez se suma a la lista de las 240 mujeres que están detenidas en contexto postelectoral, de acuerdo al balance del 7 de octubre que presentó el Foro Penal Venezolano.
El caso de la coordinadora de ‘Súmate’ llegó a las instancias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo otorgó medidas cautelares de protección a su favor, esto debido a sus condiciones de salud.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, a las que Venezuela se debe adherir, subrayan la importancia de proporcionar a los internos los cuidados adecuados.
En el punto número 24 establecen: “La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios, sin discriminación por razón de su situación jurídica”.
Sin embargo, el Estado venezolano aún no da respuestas acerca de la situación de las detenidas y las familias denuncian constantemente.
