Este jueves 10 de noviembre el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, designó a la Fiscal 85 de derechos humanos con competencia nacional para investigar los hechos suscitados el martes 8 de noviembre, en los cuales el Tribunal Primero del Municipio San Fernando Ordinario y Ejecutor de Medidas sufrió daños por parte de un grupo de manifestantes.
En su cuenta de Twitter, el titular del Ministerio Público informó que igualmente se investigará el amedrentamiento que sufrieran varios funcionarios de ese juzgado cuando un grupo de personas llegó a esa sede, ubicada en el Paseo Libertador de la capital apureña, reclamando la ejecución de una medida sobre la custodia de tres niños a favor de su padre y no de su mamá.
La comitiva, mayormente formada por trabajadores de la gobernación de Apure, fue liderada por Elizabeth Gimón, presidenta de la Fundación El Niño Simón del estado y esposa del primer mandatario regional, Eduardo Piñate.
En medio de la discusión entre la alta funcionaria, quien consideraba como “injusta” la medida que le devolvía la custodia de los pequeños al ciudadano Manuel Ayat y desfavorecía a la señora Nagam Nasser, y el juez rector de Apure, se caldearon los ánimos entre los presentes y se originaron los hechos de violencia que culminaron con algunas oficinas destrozadas.
Vale destacar que Gimón le reclamaba a la máxima autoridad del Poder Judicial en la entidad, Edwin Blanco, la supuesta corrupción que impera en en este ámbito. Aseguraba que al juez que tomó la decisión, Julio Suárez, le habrían pagado una alta suma de dinero por parte del padre de los niños para favorecerlo e ir en contra de Nasser.
La primera dama de Apure agregó que este no era el primer escándalo que conocía sobre la aparente corrupción presente en los juzgados apureños. Una conducta que contradecía los postulados del presidente Nicolás Maduro. “El poder judicial en Apure es una mierda”, expresó.
Luego de la protesta, ese mismo día en horas de la tarde, Ayat convino en devolverle la guarda y custodia a la madre de sus hijos.
En los videos que circularon por diferentes redes sociales se observa cómo varias personas arremetieron contra los espacios del Tribunal de la LOPNNA.
Fuentes extraoficiales vinculadas a la Fiscalía Superior del estado Apure indican que por estos sucesos habrá varios imputados por diversos delitos. Entre ellos, los de vulneración del estado de derecho, por violentar un poder constituido e instigación al odio.
Algunos juristas de la región señalan que es incomprensible cómo un asunto privado que se encontraba en litigio trascendió al espectro de la opinión pública con implicación de funcionarios públicos.
A raíz de lo acontecido, Julio Ellas Suárez Martínez, juez Superior y juez Coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niños y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Apure, decidió, a través de una resolución, “suspender las actividades laborales hasta nuevo aviso de acuerdo a las instrucciones dadas por la Coordinación Nacional de Protección de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y se retomaran las Actividades Judiciales hasta tanto sean emitidos nueves lineamientos de la mencionada Sala”.
Igualmente notificó que se designaron como Juezas de Guardia, durante el periodo comprendido al cierre del Circuito, a las abogadas Meralys Manzanilla y Nerys Ruiz, jueza 10 de Juicio y jueza Temporal del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños Niñas y Adolescentes del estado Apure, con sede en San Fernando.
Caracas / Radie Fe y Alegría
