La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela de la Organización de Naciones Unidas (ONU) presentó este lunes 22 de septiembre en Ginebra, Suiza, su más reciente informe en el que señala que la persecución por motivos políticos se está intensificando en el país, y agregó que “la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional”.
En un texto preliminar de 17 páginas, detalla nueva información sobre la represión postelectoral tras los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, y advierte que “la persecución por motivos políticos, incluyendo contra quienes defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales, ha continuado en 2025”.
El documento fue presentado en horas de la mañana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Misión concluyó que de las 25 muertes en protesta ocurridas entre el 29 y 30 de julio de 2024, los cuerpos de seguridad estuvieron involucrados en al menos 12 de ellas. En las manifestaciones registradas en la ciudad de Maracay, Aragua, miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la 99 Brigada del Ejército habrían disparado armas de fuego contra manifestantes y seis personas murieron. Una de ellas habría recibido un disparo de escopeta a menos de 10 metros de distancia.
De acuerdo a la presidenta de la Misión de Determinación de los Hechos, Marta Valiñas, las investigaciones de la ONU determinaron que “hasta el momento, todas las muertes permanecen en la impunidad”.
La instancia también determinó la muerte bajo custodia del Estado de cinco personas detenidas durante las protestas de 2024 y 2025. En dos de los casos, la Misión alcanzó motivos razonables para creer que el Estado no actuó con la debida diligencia respecto de los detenidos a quienes no brindó atención de salud oportuna y adecuada.
Señala el informe que las autoridades del país excarcelaron progresivamente a 2.006 personas de las 2.220 detenidas en las protestas postelectorales de 2024. No obstante, las acciones de represión y las detenciones selectivas, continuaron en el transcurso de los meses. La Misión documentó al menos 200 nuevas detenciones contra voces críticas del Gobierno, personas opositoras o percibidas como tales.
Asimismo, se indicó que al menos 220 niños y adolescentes con edades entre 13 y 17 años, fueron detenidos tras las elecciones del 28-J. Los menores de edad habrían sido sometidos a “incomunicación, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de violencia sexual, y violaciones al debido proceso”. Cuatro adolescentes permanecen todavía detenidos en los estados de La Guaira y Lara.
“Ante el sometimiento de la justicia al Ejecutivo, la única esperanza de encontrar justicia para las víctimas en Venezuela reposa sobre las instancias internacionales”, subrayó Francisco Cox, experto de la Misión de Determinación de los Hechos.
La instancia dependiente de Naciones Unidas, advirtió que los organismos de seguridad habrían sometido a los presos a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Entre las prácticas señaladas se incluye el uso de las bolsas plásticas para asfixiar y propinaron palizas, patadas, golpes de puño o con bates contra las personas detenidas, independientemente de su edad y género.
También se habrían perpetrado actos de tortura sexual, como amenazas de violación, y aplicación de electricidad en los genitales. Asegura el organismo que “los tribunales ignoraron las denuncias por estos actos” al igual que el Poder Ciudadano.
“Una persona militante (del partido) Voluntad Popular que colaboró con la oposición en tareas logísticas el día de la elección presidencial fue detenida el 20 de agosto de 2024 por la Dgcim y golpeada en una de sus dependencias en repetidas oportunidades en el estómago, la mano, y la espalda con varas de madera y metal (…) Los golpes dejaron marcas corroboradas por la Misión. Otra persona activista política, detenida en dos oportunidades, el 15 y el 31 de julio de 2024 fue sometida a descargas eléctricas en los pies, mientras funcionarios del Sebin la interrogaban (…) La Misión obtuvo información de que los cuerpos de seguridad propinaron palizas, patadas, golpes de puño, con bates, y que emplearon bolsas plásticas para asfixiar a las personas que interrogaban”, describe el documento.
La instancia también “documentó actos de tortura sexual, como desnudez forzada, amenaza de violencia sexual y aplicación de electricidad en los genitales”.
“Estas formas de violencia fueron dirigidas particularmente contra mujeres, niñas y adolescentes. Se documentaron actos de violencia (…) dirigidos contra hombres que eran considerados como homosexuales”.
El documento señala que desacuerdo a testimonios recabados, al menos una mujer y cinco adolescentes (15-17 años) “fueron sometidas a explotación sexual a través de sexo transaccional coercitivo”.
“Una mujer que estuvo detenida en una dependencia de la GNB por cuatro meses (…) informó que los sargentos hombres exigían (a las presas) mantener relaciones sexuales a cambio del acceso a llamadas telefónicas”.
También se reportó que en un centro de reclusión, los custodios hombres compartían con “hombres detenidos una ‘lista de precios’ por los servicios sexuales de las internas”.
La Misión también documentó casos de aislamiento de detenidos en “cuartos de castigo” que superaron los 15 días continuos. Uno de los presos fue puesto en aislamiento hasta en tres oportunidades, una por 21 días. Otros eran obligados “a dormir desnudos y eran despertados en la madrugada con baldes de agua fría”.
“Las evidencias alcanzadas por la Misión durante este ciclo investigativo confirman que el crimen de persecución fundado en motivos políticos continúa cometiéndose en Venezuela, sin que ninguna autoridad nacional demuestre voluntad de prevenir, perseguir o castigar las graves violaciones de derechos humanos que configuran este crimen internacional”, dijo Marta Valiñas.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela mediante la resolución 42/25 por un período de un año, con el fin de evaluar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014. Mediante la resolución 57 / 36, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato de la Misión por dos años adicionales, hasta septiembre de 2026.
Caracas / Redacción Web
