El presidente ecuatoriano Lenín Moreno ratificó el viernes el estado de excepción que decretó el jueves en todo el territorio nacional para permitir la libre movilización de la ciudadanía afectada por una huelga del transporte público que por momentos derivó en enfrentamientos con la policía.
El estado de excepción, que rige por 60 días, implica que se restringen algunas libertades y se permite a las autoridades tomar bienes públicos o privados para restablecer la normalidad de las actividades sociales, además de dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación.
El mandatario ecuatoriano aseveró en conferencia de prensa al final de la jornada de protestas que "las personas que violen la ley definitivamente deberán ser detenidas" y agregó que "hemos agotado el mecanismo de diálogo" con los transportistas, a quienes acusó de buscar la desestabilización de su gobierno. Dijo también que los focos de violencia han sido controlados por la policía y las fuerzas armadas.
El presidente de los taxistas, Carlos Brunis, dijo tras tal declaración que ese gremio ratifica las protestas por tiempo indefinido y el rechazo a la eliminación de los subsidios a los combustibles porque “atenta contra todo el pueblo ecuatoriano”.
Las protestas se cumplieron en avenidas y calles de las principales ciudades del país, donde los taxistas bloquearon importantes vías con sus vehículos, llantas quemadas y maderos y también agredieron con piedras y palos a otros transportistas que no acataron el paro, así como a policías que buscaban despejar las calles.
Las protestas también impidieron que tripulantes y pasajeros llegaran al aeropuerto Mariscal Sucre, al este de la capital, donde varios vuelos tuvieron que ser cancelados.
Estudiantes a la calle
Hacia el mediodía, cientos de estudiantes universitarios protagonizaron una marcha que intentó llegar al palacio de gobierno, pero unas calles antes fueron bloqueados por escuadrones policiales y carros antimotines, a los cuales atacaron con piedras mientras eran repelidos con gas pimienta.
Algunas personas en medio de las protestas aprovecharon para cometer robos a locales comerciales y otras acciones vandálicas como atacar sin motivo vehículos particulares, especialmente en barriadas marginales de la ciudad portuaria de Guayaquil. En este país no se han producido grandes saqueos en las últimas décadas.
Equipos de periodistas de varios medios fueron atacados por los manifestantes y por la policía.
En una conferencia de prensa, Moreno dijo antes que con la declaración de excepción se busca “afrontar un momento especial por los focos de violencia que se han creado por grupos consabidos que pretenden hacer daño y desestabilizar al gobierno constituido”.
En este país es más o menos usual que el gobierno utilice el estado de excepción para hacer frente a circunstancias poco usuales. La última vez se decretó a mediados de año cuando riñas y protestas en las cárceles ocasionó la muerte de varios presos.
Miles de ecuatorianos hicieron largas caminatas o viajaron apiñados en vehículos particulares por la huelga de cooperativas de transporte público, taxis y camiones en rechazo a las últimas medidas económicas del mandatario, entre ellas la eliminación de los subsidios a los combustibles.
“Salí de mi casa a las 5:30 de la mañana para tratar de llegar a la universidad porque hoy tengo una prueba, pero no he conseguido transporte. Uber y otras aplicaciones están con unos precios demasiado altos y no puedo pagar, por eso no me quedó otra que caminar”, dijo a The Associated Press (AP) Gabriel Quinteros, un estudiante de la Universidad Politécnica.
La situación se repitió con más o menos intensidad en ciudades como Guayaquil, Ibarra, Cuenca y Ambato, entre otras.
Medidas justificadas
Con el objetivo de equilibrar las cuentas fiscales, Moreno decidió esta semana eliminar los subsidios que significaban un gasto de 1.300 millones de dólares anuales, por lo que la gasolina de mayor uso en el país pasó de 1,85 dólares a 2,30 dólares el galón mientras que el diésel subió de 1,03 a 2,27 dólares el galón.
Moreno ratificó que las medidas “están en firme, no existe posibilidad de cambiarlas, especialmente las relacionadas con un subsidio perverso que hacía demasiado daño al país”.
El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, uno de los encargados de hacer cumplir el estado de excepción, aclaró que su propósito “es preservar, proteger todas las actividades sociales, económicas y productivas, las áreas estratégicas”.
Las autoridades confirmaron que se han registrado nueve heridos 19 detenidos por obstaculizar el tránsito, suspender servicios públicos y agredir a la policía.
En tanto, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró que “lo que impide a las ciudadanos trabajar, producir, es precisamente que unas pocas personas obstruyan las calles… el estado de excepción está dado para controlar eso y garantizar que todos los ciudadanos puedan movilizarse, trabajar”.
Moreno, que asumió en mayo de 2017 y debe gobernar hasta 2021, anunció además un paquete de reformas tributarias que crea nuevas contribuciones para grandes empresas y elimina o reduce otros impuestos, además de reformas laborales como contratos de empleo para quienes emprendan un negocio o contratos a plazo para estimular la economía nacional.
El mandatario argumentó que estas reformas son necesarias para enfrentar la complicada situación económica, afectada por un alto endeudamiento público de unos 64.000 millones de dólares y un sostenido déficit fiscal de 10.000 millones de dólares anuales.
Quito / Gonzalo Solano / AP
