La aprobación en primera discusión de la Ley de Estatuto que rige la Transición a la Democracia, hecha el pasado 22 de diciembre, ha dividido la opinión de analistas, abogados y voceros políticos de distintas corrientes.
Se espera que este jueves 29 se concrete la salida de Juan Guaidó de la llamada presidencia interina, luego de la segunda y última discusión del proyecto por parte de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2015.
Sin embargo, algunas de las críticas en contra de desvincular a Guaidó de la figura que ocupa desde 2019 -con la que buscaba hacer frente a la administración de Nicolás Maduro, sobre todo desde el plano internacional-, parecen poner freno a la iniciativa impulsada por Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Un Nuevo Tiempo (UNT) y el Movimiento Por Venezuela (MPV).
El Bloque Constitucional de Venezuela, que agrupa a más de 30 juristas, divulgó un comunicado en el que pide a los diputados y las toldas opositoras renunciar a la pretensión de modificar de forma “ilegítima” la actual estructura del gobierno interino, ya que ello traería graves consecuencias institucionales, políticas y económicas.
El grupo de abogados encabezados por Román Duque Corredor, la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa; Perkins Rocha, Carlos Ayala Corao, Gustavo Tarre Briceño, Juan Manuel Raffali y Jesús María Casal, advierte que la reforma al Estatuto de Transición no sólo elimina la representación de Guaidó ante organismos multilaterales, gobiernos aliados, empresas venezolanas trasnacionales e instancias judiciales en el extranjero, sino que “debilita la fundamentación constitucional que sostiene la transición” desde febrero de 2019”.
Agregan que de hacerse efectivos los cambios, para dejar sólo activa una Comisión de Administración y Protección de Activos, se produciría una desconexión con el contenido de los artículos 233 y 333 de la Carta Magna, que sustentan al interinato.
Los tres partidos antichavistas del otrora G4 (PJ, AD y UNT) que impulsan la iniciativa de reforma, buscan restar el control de Voluntad Popular (VP) sobre las cuentas y empresas se encuentran en manos del gobierno encargado. Recientemente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró que la autoridad legítima para controlar fondos venezolanos es el presidente interino de Venezuela, y no la Asamblea Nacional (AN) de 2015, esto, de acuerdo a la sección 25 de la Ley de Reserva Federal del país norteamericano.
El comunicado del Bloque Constitucional de Venezuela señala que una reforma que desvincule a Guaidó de su condición de presidente interino “lograría un efecto contrario no sólo para los proponentes, sino para la ciudadanía democrática del país”.
Los juristas objetan que se pretenda sustituir la figura del Presidente Encargado (artículo 233 de la Constitución) por un gobierno parlamentario “figura contraria a nuestra historia republicana”.
Agregan que al no poder ”los diputados que conforman la Asamblea Nacional” de 2015 “subrogarse en las funciones ejecutivas exclusivas y excluyentes del Presidente Interino de la República y sus representantes, perderían el reconocimiento internacional en el extranjero pues las relaciones y representaciones políticas y diplomáticas en el ámbito internacional se mantienen a nivel de gobiernos”. Recordaron que, aún en la actualidad, EE.UU y Reino Unido “han mantenido intacto” el reconocimiento exclusivo al gobierno interino.
Por tal razón, los juristas solicitaron a todas las organizaciones políticas de la oposición iniciar un “urgente proceso de diálogo con miras a solventar todas las diferencias” que las separan en esta “difícil coyuntura” teniendo presente el interés de los venezolanos.
La primera discusión de la reforma del Estatuto, fue aprobada con 72 votos a favor 24 en contra y nueve abstenciones.
Caracas / Rodolfo Baptista
