La justicia peruana escuchará este viernes a los abogados de las víctimas y de Alberto Fujimori sobre la legalidad del indulto que el exmandatario recibió en diciembre y que lo liberó de una condena de 25 años de cárcel por los asesinatos de 25 peruanos durante su gobierno.
Así se cumplirá con una orden emanada en junio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que ordenó a la justicia peruana verificar si el indulto ordenado horas antes de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski es legal de acuerdo con las leyes internas e internacionales a las que Perú está suscrito. Las partes se presentarán en una sala judicial de Lima ante el juez supremo Jorge Castañeda.
La defensa de las víctimas afirma que la excarcelación no es posible porque los delitos por los que Fujimori fue condenado son considerados crímenes de lesa humanidad por la legislación internacional y porque existió una negociación política interna entre Kuczynski y un grupo parlamentario ligado al hijo menor de Fujimori, además de diversos trámites irregulares en el indulto. Los abogados de Fujimori consideran que el indulto no puede ser revisado por que es “cosa juzgada”.
La Cidh otorgó un plazo que concluye a fines de octubre para que la justicia peruana y las defensas de ambas partes presenten sus informes sobre los avances del caso en Perú.
Fujimori enfrenta además un nuevo juicio por el asesinato de seis peruanos realizado por un grupo de militares que fue el mismo que ejecutó extrajudicialmente a las 25 víctimas por las que había sido condenado en 2009.
La administración del expresidente Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque supuestamente padecía de "una enfermedad progresiva, degenerativa e incurable", pero no mostró detalles que justificaran su decisión.
Kuczynski renunció en marzo presionado por la oposición parlamentaria por supuestas acusaciones de corrupción. Lo reemplazó el actual mandatario Martín Vizcarra, quien era vicepresidente.
Fujimori, de 80 años, gobernó Perú durante una década desde 1990 y a fines de 2000 huyó a Japón acosado por escándalos de corrupción. El Parlamento lo retiró del cargo por "incapacidad moral".
Lima/AP
