En un acto simbólico, un grupo de jueces venezolanos exiliados impuso el miércoles una sentencia de más de 18 años de prisión al presidente de la República Nicolás Maduro, tras procesarlo por hechos de corrupción y lavado de dinero vinculado con la constructora brasileña Odebrecht, acusada de sobornos millonarios en varios países de la región.
El juicio no tiene transcendencia legal puesto que esos jueces no son reconocidos por las autoridades de Venezuela.
La sentencia se enmarca en una estrategia política opositora que, según sus promotores, apunta a poner en conocimiento de los venezolanos y la comunidad internacional los supuestos crímenes cometidos por Maduro y su gobierno socialista.
El llamado "Tribunal Supremo de Venezuela en el Exilio" (reunido simultáneamente en Miami y la capital de Colombia) determinó que el mandatario nacional es culpable de los delitos de "corrupción propia y legitimación de capitales”, lo cual habría “comprobado con plenas pruebas” la comisión de los hechos punibles y la responsabilidad de Maduro.
Veredicto
El fallo, leído por el juez ponente Rommel Gil y transmitido por el canal de YouTube de NTN 24, señaló que no se trata de un juicio político.
“Este es un juicio legítimo”, dijo Gil, quien ordena librar orden de captura internacional contra Maduro.
Luisa Ortega Díaz, la exfiscal general de Venezuela depuesta de su cargo el año pasado tras romper con el oficialismo, acusó al mandatario de pedirle a Odebrecht 50 millones de dólares para su campaña presidencial en 2013.
Ortega Díaz suministro a los árbitros en el exilio una serie de documentos y testimonios de ejecutivos de la empresa constructora, los cuales implicarían a Maduro en delitos de corrupción y lavado de dinero.
Bogotá / César García / AP
