El abogado y defensor de derechos humanos Joel García criticó la actuación de las instituciones del Estado en el caso de Víctor Hugo Quero Navas, luego de que el Ministerio Público presentara los resultados de la investigación penal sobre su fallecimiento mientras permanecía recluido en el Centro Penitenciario Rodeo I.
A través de una publicación en la red social X, García denunció lo que calificó como una “tortura institucional” contra Carmen Navas, madre del fallecido, al asegurar que las autoridades ocultaron durante meses información sobre el paradero y la muerte de su hijo.
Según expresó el jurista, la mujer emprendió una intensa búsqueda para conocer la situación de Quero Navas, hasta recibir finalmente un documento oficial que confirmó el deceso. “El tromboembolismo no excusa la incomunicación ni la mentira oficial”, afirmó García, al cuestionar la falta de transparencia con la que, a su juicio, fue manejado el caso por parte de las autoridades.
Ministerio Público presentó resultados de la investigación
Este martes, el Ministerio Público informó los resultados de las experticias realizadas en torno a la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación estuvo a cargo de un Fiscal Nacional de Derechos Humanos e incluyó la exhumación de los restos el pasado 8 de mayo de 2026.
El procedimiento contó con la participación de representantes de la Defensoría del Pueblo, especialistas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), familiares del fallecido y su representación legal.
Las evaluaciones forenses y toxicológicas determinaron que la data de muerte oscila entre 10 meses y un año. Asimismo, concluyeron que la causa del fallecimiento fue un tromboembolismo pulmonar y que no se encontraron lesiones traumáticas en los restos analizados.
Experticia genética confirmó la identidad
El Ministerio Público también indicó que para lograr la identificación plena de los restos fue necesaria una experticia genética realizada por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
El análisis comparó muestras biológicas del cadáver con el perfil genético de Carmen Navas, arrojando una coincidencia de 99,496 %, porcentaje que permitió establecer la identificación con certeza jurídica.
Además, el organismo señaló que durante la investigación se practicaron levantamientos planimétricos, entrevistas, análisis de historias clínicas y reconstrucciones de los hechos, en apego a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal.
Persisten cuestionamientos sobre el trato a los familiares
Aunque los resultados forenses descartaron la existencia de lesiones traumáticas y establecieron una causa médica de muerte, las declaraciones de Joel García reavivaron el debate sobre el manejo institucional de la información relacionada con personas privadas de libertad.
Para el defensor de derechos humanos, el punto central del caso no se limita al diagnóstico médico, sino a la forma en que las autoridades trataron a la familia de la víctima. En ese sentido, insistió en que la falta de comunicación y la opacidad oficial constituyen elementos que deben ser esclarecidos para garantizar el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los familiares.
Lara / El Impulso
