El presidente colombiano, Gustavo Petro, anunció este viernes la retirada del Gobierno de la jefa de Gabinete, Laura Sarabia, y del embajador en Venezuela, Armando Benedetti, involucrados en un escándalo de interceptaciones telefónicas y posible abuso de poder.
“Mientras se investiga, mi funcionaria querida y estimada y el embajador de Venezuela se retiran del Gobierno para que desde el poder que implican esos cargos no se pueda tener ni siquiera la desconfianza de que se va a alterar los procesos de investigación”, manifestó Petro en una ceremonia de ascensos militares en Bogotá, según citó Efe.
En diez meses de Gobierno esta es la peor crisis que afronta Petro, detonada por el supuesto hurto de un maletín con dinero de la casa de Sarabia, robo que relacionan a Marelbys Meza, una mujer que trabajó para ella como niñera.
Según Meza, cuando Sarabia supo del hurto la hicieron ir hasta una dependencia presidencial donde fue interrogada y sometida a pruebas de polígrafo sin una orden judicial, y ayer se reveló que la Policía también interceptó ilegalmente su teléfono, usando como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo.
La implicación de Benedetti se dio como presunto instigador de las denuncias de la exniñera, en un episodio de “fuego amigo” en el Gobierno.
Minutos después del discurso de Petro, Sarabia dijo en su cuenta de Twitter que tenía plena tranquilidad de haber obrado correctamente, con “integridad y sin ningún interés particular”.
Agregó que estará “presta a rendir todas las explicaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos” y dijo: “lucharé profundamente por defender mi reputación, mi buen nombre de todas las acciones malintencionadas que han rodeado todos estos episodios”.
Por otro lado, el jefe de Estado añadió en referencia a las escuchas ilegales que “a ningún alto funcionario de este Gobierno les ha dado alguna orden que tenga que ver con romper con la Constitución (…) aquí no puede quedar ni mancha ni duda que este Gobierno va a repetir las suciedades que otros gobiernos hicieron”.
Petro añadió que su Gobierno no tiene “nada contra la ciudadana Marelbys; la he conocido en medio de mi campaña, siempre me ha abrazado con cariño casi que maternal. Así que ella no tiene nada que temer de mi Gobierno, porque es nuestra amiga”.
El gobernante aseguró que su Gobierno “respeta los derechos humanos” y “no intercepta ilegalmente comunicaciones de magistrados, de periodistas, de opositores”.
“A los opositores los cuidamos. No les puede pasar nada porque están bajo nuestra responsabilidad. Contra ellos no habrá nada que choque contra la Constitución y la ley”, manifestó.
Tras la denuncia de Meza surgió la conexión de Benedetti con el caso, revelada en W Radio por Coronell, según la cual el embajador podría estar detrás de las revelaciones de la exniñera, que también cuidó a los hijos del embajador, como consecuencia de un choque entre ambos por cargos en el Gobierno.
Según esa versión, Benedetti quiere dejar la embajada en Caracas y le pidió a Petro el Ministerio de Defensa, lo que no aceptó el presidente, y Sarabia, su antigua subalterna, “le ofreció el Ministerio del Interior o la Cancillería, a pesar de que ambos cargos ya estaban ocupados”.
Benedetti regresó esta semana a Bogotá para reunirse con Petro y, mientras el país esperaba los resultados de ese encuentro, la revista Cambio reveló que Meza no solo fue interrogada sin orden judicial sino que su teléfono fue interceptado por la Policía, que usó como fachada una operación contra la banda criminal del Clan del Golfo en el departamento del Chocó.
Esa versión la corroboró el fiscal general, Francisco Barbosa, quien dijo en una rueda de prensa que en los próximos días se tomarán “decisiones judiciales” en este caso que consideró “no solamente aberrante desde el punto de vista judicial, sino que nos pone de nuevo en el peor escenario histórico de Colombia, que es la violación de derechos humanos”.
Paradójicamente, Petro cuando estaba en la oposición fue un feroz crítico de las interceptaciones ilegales hechas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y conocida en el país como “chuzadas”.
Este escándalo que está lleno de cabos sueltos se produce en un momento en que el Gobierno de Petro vive horas bajas, con problemas en diferentes frentes.
Por un lado, sus reformas sociales están paradas en el Congreso y la coalición de Gobierno acaba de dinamitar, hasta el punto de que congresistas del partido Alianza Verde presentaron ayer una proposición para archivar la polémica reforma a la salud.
El presidente, además, mantiene un duro enfrentamiento con el fiscal, con el Consejo de Estado, con la Procuraduría e incluso con la prensa.
En un intento de inclinar la balanza a su favor, Petro anunció que el próximo 7 de junio caminará “al lado del pueblo trabajador” en una movilización convocada por centrales obreras en defensa de las reformas. Ese mismo día, Sarabia está citada por el Congreso para que responda por el caso de la niñera, un problema doméstico que alcanzó una dimensión de crisis de Gobierno.
Bogotá / Con información Efe
