Unos 2.000 indígenas brasileños protestaron este jueves en la capital contra una ley que alegan que constituye una agresión sin precedente contra sus derechos y sus tierras.
Los grupos indígenas brasileños acostumbran llevar sus denuncias a las instancias oficiales cada abril, pero sus líderes dijeron que la situación se ha agravado desde que el presidente Michel Temer llegó al gobierno en 2016 y comenzó a instituir el retroceso sistemático de las protecciones y derechos indígenas.
En el "Campamento Tierra Libre", que este año durará una semana, los grupos indígenas han enfocado su ira en una ordenanza adoptada en julio bajo la cual las autoridades solo pueden designar tierras a indígenas si estaban ocupadas en 1988, el año en que se adoptó la Constitución nacional.
Los grupos indígenas han denunciado que la norma ignora la historia de desplazamientos forzados en Brasil y que fue especialmente brutal durante la dictadura de 1964-1985.
De acuerdo con activistas, la norma hará casi imposible la designación de nuevos territorios protegidos e incluso podría usarse para recuperar tierras ya designadas. Las tierras que no son reconocidas oficialmente como reservas indígenas en Brasil con frecuencia caen víctima de explotación, deforestación y conflictos territoriales.
Este jueves, los indígenas muchos usando penachos emplumados o pintura corporal marcharon por el centro de Brasilia. Frente al Ministerio de Justicia, un grupo de personas se tiró al piso sobre una bandera nacional y un mensaje que decía "Fin al genocidio indígena".
"Nunca, en los últimos 30 años, el estado brasileño optó por una relación tan completamente adversa a los derechos de los pueblos indígenas", dijo la Coalición de Pueblos Indígenas de Brasil, en un comunicado emitido a principios de semana. "El gobierno ilegítimo de Michel Temer ha adoptado abiertamente una política antiindígena, poniendo fin a la demarcación y protección de tierras indígenas y llevando a la invasión de tierras por parte de empresas estatales y privadas".
El cambio de norma fue respaldado por el llamado un grupo de legisladores que representan los intereses de propietarios de tierras, que han sido aliados de Temer en el poder legislativo. El grupo casi siempre aboga a favor de que se abran más tierras a la actividad económica, alegando que es la única forma de llevar desarrollo y empleo a zonas remotas de Brasil.
El mes pasado, la fiscalía solicitó la anulación de la norma, diciendo que violó los derechos garantizados en la Constitución.
La oficina de Temer canalizó las preguntas al Ministerio de Justicia, que es el encargado de las designaciones de tierras. El ministerio no respondió a una solicitud para hacer declaraciones al respecto.
Brasilia / AP
