Un grupo de abogados de Venezuela solicitó, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la nulidad de la Reforma de Ley de Registros y Notarías, publicada en Gaceta Oficial N° 6.668 con fecha 16 de diciembre de 2021, la cual ancló el costo de los trámites a la criptomoneda Petro para llevarlos a montos exorbitantes.
El Frente Amplio de Profesionales, Sector Nacional de Justicia, coordinado por Luisana Trías en Anzoátegui, hizo un llamado al gremio en la entidad, a fin de organizarse para también demandar la anulación de la reforma por considerar que su carácter es inconstitucional.
Detalló que la disposición viola los artículos 7, 21, 22, 25, 26, 27, 316, 317 y 318 de la Carta Magna y que a su vez vulnera los derechos humanos de la colectividad, al imponer excesivos aranceles por los servicios en registros y notarías con una moneda que no es la nacional y que, por lo tanto, carece de legalidad.
"Es necesario accionar organizadamente ante una ley que, desde su nacimiento, es inconstitucional y contraria al derecho de los venezolanos porque agudiza la indefensión y estaría promoviendo la denegación de justicia, ya que, por ejemplo, los aranceles para notariar un contrato de arrendamiento estarían costando alrededor de $300 sin incluir los honorarios de los profesionales", explicó.
Trías agregó que esa ley en lugar de favorecer los intereses generales, obstaculiza el derecho de acceso a la justicia y de gratuidad de la misma, previsto en el artículo 26 de la Constitución.
"Igualmente decimos que atenta contra el ejercicio de la carrera de los profesionales del Derecho porque, debido al alto costo de los aranceles, los clientes se abstendrán de pagar a los abogados. El Estado será el único beneficiado con la aplicación de la Providencia Administrativa N° 001 de fecha 20 de enero de 2022, publicada en Gaceta Oficial N° 42.301, mediante la cual se fijan las tasas por concepto de prestación de servicios de los registros públicos del Servicio Autónomo de Registros Y Notarías (Saren), mientras que al venezolano de a pie se le estaría empobreciendo e impidiendo acceder a la justicia", aseveró.
Unificación
La coordinadora regional del Frente Amplio de Profesionales del sector de los juristas informó que, a partir del lunes 31 de enero, los abogados pueden adherirse a la demanda de inconstitucionalidad de la nueva Ley de Registros y Notarías ante la Sala Constitucional del TSJ.
Precisó que el número de expediente es 2022-0033, de acuerdo con lo informado por el grupo de colegas que impulsan la acción a nivel nacional. Entre ellos se encuentran José Alberto Ybarra y Blanca Mármol de León.
Barcelona / Milena Pérez
