El Foro Penal Venezolano solicitó este jueves 14 de noviembre al Ministerio Público que revise de forma urgente los casos de presos políticos con algún tipo de discapacidad o que requieren atención médica urgente, además de los expedientes de los adolescentes detenidos por las protestas poselectorales.
El pasado martes 12, la Fiscalía General prometió acelerar los procesos penales contra los adolescentes y jóvenes detenidos luego del 28 de julio, luego de que el gobernante Nicolás Maduro solicitara «rectificar» si hubo errores en los arrestos durante las protestas poselectorales.
«Ojalá se de la mayor cantidad de excarcelaciones», expresó Gonzalo Himiob, vicepresidente del Foro Penal en una rueda de prensa. Pero señaló que este año, al igual que en ocasiones anteriores, no se conocen los criterios que utiliza el Ministerio Público para la revisión de casos.
«Hacemos un llamado a los representantes del Ministerio Público que deben hacer estas revisiones a comunicarse con nosotros para que, en base a la información que tenemos y se pueda necesitar, determinar los casos urgentes y prioritarios, por ejemplo, aquellos con graves problemas de salud», destacó Himiob.
Afirmó que, si bien todos los presos políticos deberían ser excarcelados, debería conocerse un criterio para ello. «Lo cierto es que si se va a hacer una selección, se haga tomando en cuenta las bases técnicas y fácticas adecuadas y no sencillamente un criterio desconocido que deja a muchas personas con un mal sabor de boca, porque siempre queda la pregunta ¿por qué este sí y este no?».
También pidió a los familiares «prudencia» y «manejar las expectativas» sobre futuras excarcelaciones. «No es la primera vez que cercano al mes de diciembre empiezan a circular noticias de este tenor (…) Si se dan estas revisiones y de alguna manera se producen excarcelaciones en base a lo dicho por el señor Nicolás Maduro y el fiscal, pues bienvenidas sean. Todo paso hacia la libertad es un buen paso».
Entre los casos que deberían entrar bajo revisión, señalaron desde el Foro Penal, deberían entrar aquellos que requieren atención médica urgente por graves enfermedades, como sucede con Yenny Bastidas, una dirigente social de Lara con cáncer; las 10 personas con discapacidad que tienen registrados, como un joven sordomudo que no conoce el lenguaje de señas o alguna otra forma para comunicarse; al igual que los adolescentes.
«Vale la pena recordarle al Estado que la salud y la vida de las personas que están en reclusión es responsabilidad de los custodios, y estos custodios pertenecen al Estado», destacó Himiob.
Por su parte Alfredo Romero, presidente del Foro Penal, recordó que antes del 28 de julio tenían registradas 305 personas detenidas por motivos políticos. Luego de las protestas por los resultados de las elecciones, 1.848 personas fueron arrestadas. Solo en el mes de octubre se contabilizaron 14 detenciones.
De este grupo, poco más de 1.700 permanece bajo arresto en cárceles y calabozos policiales de todo el país. La gran mayoría son personas arrestadas en manifestaciones no violentas y activistas o dirigentes políticos.
«Esta es la cifra más alta de presos políticos en toda Latinoamérica, y obviamente nos preocupa. Nosotros siempre hemos hablado del efecto puerta giratoria, una situación donde se encarcelaban personas y luego se excarcelaban. Hoy día, y esa es la situación relevante, lo que ocurrió en esta ola de represivas de manifestaciones es que se mantuvieron y se mantienen personas privadas de libertad que ya han pasado el mediano plazo de encarcelación. Eso no ocurría previamente», señaló Romero.
Indicó que la mayoría de los detenidos por las protestas poselectorales se encuentran detenidas en Internado Judicial de Aragua, mejor conocido como la cárcel de Tocorón, seguido de los penales de Tocuyito (Carabobo), Yare III (Miranda), Sebin El Helicoide (Caracas), Ramo Verde, La Crisálida y Rodeo I (Miranda).
En menor proporción, hay personas recluidas en comandos policiales y la sede central de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, al este de Caracas. En este lugar también hay presos políticos detenidos antes del 28 de julio.
Gonzalo Himiob denunció que hay 18 personas detenidas luego del 28 de julio de las que no se conoce su paradero, aunque el Foro Penal evitó calificarlo como una desaparición forzada. Sus familiares reportaron que fueron detenidas presuntamente por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado, pero no han logrado obtener información de su sitio de reclusión, su estado de salud o cuál es su situación judicial.
«Estamos haciendo las diligencias para tratar de documentarlas, saber dónde están, porque lo que sí está pasando, y pasó en otros momentos, es que cuando la autoridad detiene a una persona, en este ola represiva reciente, no le dice a la persona las razones por las cuales se la está llevando detenida, tampoco se identifica el cuerpo de seguridad que está realizando la detención y tampoco se le dice a la persona cuál es el destino o paradero», explicó.
Alfredo Romero también criticó las violaciones al debido proceso y al derecho a la defensa. «Nuestro sistema establece como principio fundamentales, como regla, que la persona pueda escoger su abogado de confianza. Yo los invito a que revisen el artículo 127 de Código Orgánico Procesal Penal, en su ordinal tercero, está claramente establecido que la persona puede designar su abogado de confianza y excepcionalmente es que se designa a un abogado público».
El abogado dijo que incluso forma parte del «respeto a la dignidad» de cualquier persona que se le permita nombrar a su propio abogado. «Los familiares han denunciado esto en diferentes instancias, hemos acudido a diferentes centro de reclusión llevando las designaciones firmadas por familiares, no hemos tenido acceso a los detenidos en ninguno de los casos».
Caracas / TalCual
