El gobierno de Honduras funciona básicamente como un narcoestado debido a que el actual presidente y mandatarios anteriores han recibido aportaciones de campaña de traficantes de cocaína a cambio de protección, acusaron fiscales federales estadounidenses.
En un documento de 49 páginas presentado en el distrito sur de Nueva York se señala al presidente hondureño Juan Orlando Hernández como un co-conspirador que trabajó con su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, y el expresidente Porfirio Lobo “para aprovechar al narcotráfico a fin de consolidar el poder y el control en Honduras”. En el documento se afirma que el presidente y su predecesor “dependieron del dinero del narcotráfico” para financiar campañas políticas y se mencionan “pruebas de corrupción a altos niveles políticos”.
El documento fue presentado apenas meses después de que otros escritos también entregados ante una corte federal mostraran que el actual presidente y algunos de sus asesores más cercanos figuraban entre los objetivos de una pesquisa de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), lo cual aumenta las dudas en torno a la aseveración del gobierno estadounidense de que Honduras ha contribuido a frenar el flujo de drogas.
Washington mantiene un firme apoyo al gobierno de Hernández, al que ha canalizado millones de dólares en cooperación de seguridad para detener los envíos de cocaína a Estados Unidos desde Sudamérica.
En un comunicado dirigido “a la comunidad nacional e internacional”, la Presidencia de la República de Honduras dijo que el presidente Hernández “niega categóricamente las perversas y falsas acusaciones del traficante de drogas identificado como Alexander Ardón por la cadena Univisión”.
