La presidenta de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) en el estado Anzoátegui, Monique Loffredo, sugirió este lunes que debería considerarse un límite máximo de cálculo como base impositiva para el nuevo fondo de pensiones, porque de lo contrario se desincentivan los aumentos de salario.
Su opinión fue dada a conocer, luego de que en la Gaceta Oficial Nro. 42.880 de fecha 16 de mayo, se publicara el Decreto Nro. 4.952 que establece que la contribución especial prevista en la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social Frente al Bloqueo Imperialista es del 9% del total de los pagos realizados a los trabajadores.
Y es que, una de las propuestas más importantes que realizó Fedecámaras a nivel nacional en un principio, además de que la alícuota no debería ser superior al 6% ya que no sería sostenible para ninguna empresa privada que está haciendo grandes esfuerzos para preservar puestos de trabajo y mejorar la remuneración de los trabajadores; es que se debería establecer un tope máximo para la base del aporte, en lugar de un mínimo, y que fuese el equivalente a tres veces el ingreso mínimo integral establecido por el Ejecutivo nacional.
"Es decir, que se calculara sobre un máximo de tres salarios mínimos integrales, como tienen techo, por ejemplo, las contribuciones al Seguro Social; entonces, ese cálculo del 9% no superaría en salario al cálculo sobre la base de $390 integrales", expresó Loffredo.
Al estar libre este cálculo, Loffredo señaló que es muy probable que muchas empresas no sigan aumentándole a los empleados el sueldo porque mientras más aumentan, más impuesto tienen que pagar y no saben si el flujo de caja mensual lo permite, porque eso varía dependiendo del tipo de empresa.
Además, según Loffredo, más carga tributaria estimula la informalidad, mientras que desde Fedecámaras elevan propuestas que conduzcan a la ampliación de la base tributaria y a la formalización de la economía, puesto que consideran que la carga de los ingresos de los entes recaudadores debe repartirse en un mayor números de empresas para que se aligere.
Por otro lado, mencionó que hay trabajadores que cobran su pensión y que continúan en el mercado laboral, lo cual, a su parecer, para medir la eficacia de esta medida, habría que conocer en cuánto se incrementa su pensión con el aporte que se haga por su propio salario actual.
De igual manera, destacó que observan que las empresas que ya tienen su propio régimen de jubilación también están sujetas al pago de este impuesto y eso pondría en riesgo la viabilidad de dichos planes de retiro.
Mientras tanto, en el sector de los jubilados y pensionados reina la incertidumbre sobre cómo funcionará esta nueva medida.
"Este reglamento se hizo para ser ejecutado quizás a finales de junio o principio de julio. No sabemos cómo será establecido, tenemos dudas en lo que respecta a cómo se va asignar ese dinero o cómo va a llegar a los jubilados y pensionados de Venezuela", expresó Horario Aray, en representación de los jubilados y pensionados de la alcaldía del municipio Simón Bolívar.
De manera particular, Aray expuso que el gobierno está colocando doble responsabilidad al sector privado, recordando que ya existe el fondo de pensiones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), alegando que no tiene los recursos para un aumento, cuando en una mesa de diálogo con centrales sindicales nacionales y representantes internacionales evidenciaron la factibilidad que tenía para la aprobación de ese aumento.
Barcelona / Elisa Gómez
