La Fundación de los Derechos Humanos del estado Anzoátegui (Fddhhanz) contabilizó la muerte de 39 personas en presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en la entidad entre el 1 de noviembre de 2019 y el 20 de enero de este año.
El abogado y director institucional de la organización, Alcides Magallanes, precisó en un boletín que los fallecidos tenían entre 18 y 30 años de edad, eran mestizos y residían en barrios pobres.
A su juicio, esto confirma la orientación clasista de los cuerpos de seguridad que pretenden acabar con el índice delictivo ultimando a los supuestos facinerosos, sin tener en cuenta las causas.
Magallanes detalló que en estos 81 días, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) participó en 13 presuntos enfrentamientos.
Le sigue la Policía del estado Anzoátegui (Polianzoátegui) con nueve víctimas. Otros nueve jóvenes murieron a manos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), incluidos seis ultimados por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes).
Tanto la Policía Municipal Socialista de Simón Rodríguez (Polisosir) como la Policía Municipal de Anaco (Polianaco) les dieron de baja a tres ciudadanos.
La Policía Municipal de Freites (Polifreites) y Policía Municipal de Peñalver (Polipeñalver) mataron a un individuo, cada una.
Magallanes expresó que el reporte del observatorio de la Fddhhanz indica que los cuerpos policiales pretenden combatir la delincuencia, sin respetar los derechos humanos.
Exhorto al Poder Ciudadano
Rafael Magallanes hizo un llamado a los representantes del Poder Ciudadano en Anzoátegui, a la fiscal superior Maribel Ávila y al defensor del Pueblo, Rafael Vega, para que cumplan con sus atribuciones constitucionales y legales.
El activista de la fundación aseveró que ambos personeros deben investigar los casos de ejecuciones extrajudiciales, a fin de evitar los mecanismos de impunidad que se activan a la hora de procesar a los oficiales.
Barcelona / Yraida Núñez
