El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) divulgó este sábado una serie de comunicados en los que madres y familiares, desde distintas entidades del país, solicitan la liberación de al menos 135 personas detenidas en el contexto de las crisis política generada luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
En las misivas, dirigidas a las autoridades nacionales y, en particular, al Fiscal General Tarek William Saab, allegados y parientes de los presos postelectorales manifestaron que, al cumplirse seis meses de su privativa de libertad, estos enfrentan “graves situaciones de salud”.
Desde al menos ocho estados se dieron a conocer cartas -a través de la cuenta en la red social X del Clippve-, con los nombres de los ciudadanos que permanecen privados de libertad en el Centro Penitenciario de Aragua (Tocorón) y en el Internado Judicial de Carabobo (Tocuyito).
En el caso de Tocorón se publicaron misivas firmadas por familiares desde Anzoátegui -en la que se pide la excarcelación de 13 ciudadanos-; Guárico (15 presos); Barinas (18 detenidos); Miranda (21); Aragua (18). En relación a Tocuyito, los comunicados incluyen los estados: Cojedes (7), Trujillo (11) y Carabobo (32).
“Las familias de los presos postelectorales del estado Anzoátegui, recluidos en la cárcel de Tocorón, hacemos un llamado urgente al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, y a las autoridades correspondientes para que se haga justicia y se les conceda la libertad a nuestros seres queridos”, apunta uno de los textos.
Para la entidad oriental la lista de nombres incluye a: Abraham Ochoa, Anderson Maraima, Deibys Rafael Ponce Gorrochetogui, Douglas Malavé, Eduard Santiago Macuare, Gabriel Moreno, Héctor Alexander Cedeño Characoto, Ibrahim Arquidez, Jonaikel Rafael Quequenepe Paso, José Carrasquel, Leandro Maita, Martín García Valdiviezo y Martín Nieto.
“(Ellos) han sido injustamente privados de libertad durante casi seis meses, siendo inocentes de todos los cargos que se les acusan (…) También pedimos que se garanticen las condiciones adecuadas para su salud y bienestar, ya que algunos padecen enfermedades previas que requieren atención médica especializada. Sin embargo, por las condiciones de reclusión en las que se encuentran, todos están muy afectados de salud, con pérdida de peso alarmante, cuadros de fiebre, diarrea, dolor estomacal, hipertensión, entre otros”, agrega el comunicado.
Los familiares insistieron en la revisión de los expedientes de las personas aprehendidas, “respetando sus derechos, dignidad e integridad física, moral y psicológica”.
“Nuestros 13 familiares, son hombres trabajadores y estudiantes de nuestro estado Anzoátegui, son padres, esposos, hijos, hermanos, de buena moral, conducta y costumbres; que no debieron estar encerrados nunca porque son inocentes. Queremos su libertad y que vuelvan a casa”, finaliza el texto.
En resto de las siete misivas insisten también en que en la mayoría de los casos se trataba de jóvenes que no participaron en las protestas registradas en el país luego de los comicios presidenciales, sino que fueron aprehendidos cuando salían de sus trabajos rumbo a sus hogares, o cuando se dirigían a realizar cualquier diligencia. Agregan que muchos son estudiantes y deportistas con carreras y planes sin terminar.
De igual forma apuntan que los familiares deben lidiar con la ausencia y la distancia de sus seres queridos, además de “endeudarse para costear los pasajes y productos que se les solicita”, generando cuadros de ansiedad depresión y estrés.
Mientras, este sábado el Ministerio Público informó que entre el 16 y el 24 de enero fueron solicitadas y acordadas 381 revisiones de casos, las cuales “sumadas a las tramitadas anteriormente (…) dan una cifra total de 1 mil 896 excarcelaciones” de presos postelectorales.
Según la Organización No Gubernamental (ONG), Foro Penal, a la fecha existen en el país un total de 1 mil 601 presos políticos, de los cuales 4 son adolescentes.
Caracas / Rodolfo Baptista