Jamer González solía organizar cada mes unas nueve bodas, fiestas de cumpleaños y almuerzos corporativos en su salón de eventos ubicado en un vecindario de clase trabajadora de la capital colombiana, ganando lo suficiente para vivir cómodamente y enviar a sus dos hijas mayores a la universidad.
Ahora, después de meses de restricciones relacionadas con la pandemia, González se encuentra al borde de la bancarrota y ya ni siquiera puede alquilar una casa. Así que sus hijas abandonaron sus estudios universitarios, y la familia se mudó al Salón de Eventos Pegasus, que en otros momentos brindaba el sustento de la familia.
Los cinco miembros de la familia y su gato blanco duermen en habitaciones en las que se solían almacenar mesas, sillas y decoraciones, incluyendo un enorme trono utilizado para las quinceañeras. Un Ford sedán clásico utilizado para las bodas se encuentra estacionado en la sala principal, junto a un escritorio que trajo de su viejo apartamento.
“Nosotros no pedimos limosna”, señaló González, quien no ha podido albergar ningún evento desde marzo debido a las medidas de confinamiento. “Queremos que nos dejen trabajar”.
Colombia ha reabierto gradualmente su economía luego de seis meses de restricciones relacionadas con la pandemia. Pero algunos negocios, como las salas de cine, bares y salones de eventos, continúan cerrados debido a que las autoridades intentan limitar las concentraciones en interiores.
Representantes de estas industrias han exhortado al gobierno a que les permita reanudar operaciones, con medidas de bioseguridad. Advierten que miles de negocios familiares están a punto de desaparecer.
“Nuestro gremio ha sido muy golpeado”, comentó Francy Salazar, presidenta de la Asociación Colombiana de Organizadores de Eventos, la cual cuenta con 1.700 miembros. Salazar dijo que dos organizadores de eventos se han quitado la vida durante la pandemia, agobiados por las deudas y la incertidumbre.
Más traslados
Otros se han mudado con familiares y tienen problemas para cubrir los pagos de sus seguros médicos. Los organizadores de eventos eran considerados una profesión demasiado bien pagada antes de la pandemia como para ser elegible a la atención médica gratuita del gobierno.
“El gobierno habla todo el tiempo de que nos tenemos que reinventar”, señaló Salazar. “Pero no hemos recibido ayuda”.
Las autoridades locales se han rehusado a autorizar las concentraciones en interiores, temerosas de una segunda ola de contagios como la que azota actualmente a los países de Europa occidental.
En Bogotá, donde se encuentra el negocio de González, la alcaldesa Claudia López comentó la semana pasada que los centros nocturnos, bares y salas de eventos no podrán reabrir hasta el próximo año.
“Es que en diciembre la gente que no se ha visto se va a volver a ver, las familias que no se han reunido se van a volver a reunir. Entonces eso inevitablemente" va a aumentar los contagios, agregó la alcaldesa.
Para ayudar a los negocios a sobrevivir, el gobierno del presidente Iván Duque otorgó a los deudores una moratoria de dos meses en el pago de sus créditos al principio de la pandemia, y prometió subsidiar hasta el 40% de las nóminas de pequeñas y medianas empresas.
González indicó que le ha sido imposible recurrir al subsidio porque su negocio es completamente familiar y no tiene una nómina estable.
“Cuando hacemos un evento, mi esposa se encarga de la decoración, mi hija mayor hace las fotos y mi otra hija se encarga del video", contó. “Trabajamos para todos, pero ninguno figura como empleado”.
Pasado
Antes de la llegada de la pandemia, su compañía de eventos y banquetes tenía ganancias de alrededor de 4.500 dólares mensuales e ingresos brutos de 15.000 dólares. La familia está intentando sobrevivir con unos 250 dólares mensuales que ganan por la venta de globos y arreglos florales para las personas que organizan fiestas en casa.
González señaló que invirtió cerca de 250.000 dólares para iniciar su negocio, incluyendo la construcción del salón, los permisos, el mobiliario y la decoración.
Tiene varios meses de atraso en el pago mensual de 1.100 dólares de la hipoteca del salón y está bajo intensa presión del banco para refinanciar su crédito. La familia teme que el banco intente recuperar el inmueble, dejándolos sin su negocio y sin el lugar al que actualmente llaman hogar.
“Nosotros éramos una familia normal, con sueños”, comentó Ángela Camargo, la esposa de González. “Ahora no podemos ni salir a comer”.
Bogotá / Manuel Rueda / AP
